Las reivindicaciones, aunque dotadas últimamente de más repercusión mediática; llevan sobre la mesa varios años. Hay consenso social acerca de la precariedad de los medios y mecanismos judiciales. En este momento actúan diariamente 700 jueces sustitutos.
Estos días la carrera judicial está viviendo un momento histórico. Nunca se había pensado una movilización de este calibre, ni con este nivel de controversia a tantos niveles. Como muchas veces ocurre, y dada la confusión informativa que fácilmente se da en hechos con tantas derivaciones y posibilidades de juicios paralelos y trasversales; parar y mirar con cierta perspectiva puede ser una oportunidad de dar al lector puntos firmes desde los que valorar objetivamente el estado de las cosas.
Todo comenzó un sábado a primeros de enero, en el que se celebró una discreta reunión que, sin embargo fue conocida.Esa reunión derivaba, a su vez, de la celebrada el 4 de diciembre por las cuatro asociaciones con el Ministerio de Justicia, tras la cual ya se propuso una huelga para el mes abril en el caso de que no se atendieran las reivindicaciones, lo que se reiteró en la reunión posterior de las asociaciones el 11 del mismo mes.
Según reza un comunicado difundido ayer por la Asociación Francisco de Vitoria, aún cuando sus asociados habían votado mayoritariamente a favor de convocar huelga para el 18 de febrero, tanto en dicha asociación como en el Foro Judicial Independiente se renunció a imponer esa fecha a las demás asociaciones en aras a mantener la unidad de actuación.
Pero en la cita con el Ministro de Justicia del pasado 26 de enero, no sólo no se ofreció una respuesta satisfactoria para estas dos agrupaciones, sino que, bajo su punto de vista, el Ministerio no planteó un plan concreto, específico y detallado en ninguna de las materias objeto de reivindicaciones, ni articuló nada distinto a lo tratado en la anterior reunión del 4 de diciembre.
Tal y como relata la Asociación Francisco de Vitoria, el Ministro se ciñó a explicar los planes de actuación del Ministerio en materia de desarrollo de la oficina judicial y de las aplicaciones informáticas; negándose a aceptar la propuesta de los jueces acerca de conservar la agenda de señalamientos y a incrementar la convocatoria de plazas de jueces en los próximos cinco años.
Pese a que las asociaciones judiciales mostraron en esta última reunión la voluntad de aplazar el aumento de las retribuciones, que debería haberse producido por imperativo legal en mayo de 2008, el Ministerio de Justicia no presentó un programa concreto que pudiera atender las reivindicaciones. Por otro lado, los asuntos tanto de la agenda de señalamientos como del incremento del número de jueces en los próximos cinco años se considera clave por parte del estamento judicial, y fáciles de cerrar de manera inmediata, a diferencia del resto de reivindicaciones, que exigen partidas presupuestarias, una progresiva implantación en el tiempo y un determinado desarrollo legislativo.
Dado este estado de cosas, desde la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente se ha producido la convocatoria oficial de huelga en todo el ámbito nacional el 18 de este mes, a la que se unen las sedes que ya votaron al respecto antes de esta convocatoria.
Las medidas e iniciativas programadas desde ambas asociaciones son:
- Huelga de 24 horas.
- El día 18 de abril, sábado, comparecencia colectiva en ejercicio del derecho de petición ante el Ministerio de Justicia para presentar las reivindicaciones pendientes de cumplimiento.
- Mantenimiento de la convocatoria de huelga para el 26 de junio -fecha acordada en un principio -.
- A partir del 19 de febrero, constitución de comisiones de gestión en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas para plantear ante las mismas las reivindicaciones, comisiones de las que formarían parte una representación de los decanos de cada territorio, junto con los de las asoc
- Solicitud de reunión con el Presidente del Gobierno; del CGPJ y de las CCAA con competencias transferidas, para trasladarles todas las reivindicaciones.
- Planteamiento a los partidos políticos con representación parlamentaria para consensuar un Pacto por la Justicia que aborde los problemas que aquejan a la Administración de Justicia y se adopten las medidas necesarias para paliarlos.
- Solicitud de reuniones con el CGPJ para tratar sobre el sistema de determinación de la carga máxima de trabajo.
