La ministra de Administraciones Públicas confirmó que la Oficina de Conflictos e Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas ha decidido que el nombramiento de Taguas no incurre en incompatibilidad tras el estudio del caso desde la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
David Taguas fue Asesor de la Secretaría de Estado de Hacienda (1991-96) y Asesor de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (1996-97) del Ministerio de Economía y Hacienda. A partir de octubre de 1997 pasó a Subdirector del Servicio de Estudios y Deputy Chief Economist del Grupo BBVA. En diciembre de 2006 sustituyó a Miguel Sebastián al frente de la Oficina Económica de Moncloa. La Oficina tiene como misión conocer e informar al presidente sobre los programas, planes y actividades de los departamentos ministeriales, con el objetivo de apoyar la labor del presidente del Gobierno, facilitando su interlocución con los agentes sociales, el sector privado y los organismos económicos internacionales, para el desarrollo satisfactorio de sus funciones.
En su día esta oficina fue blanco de dudas y críticas, a raíz diversos escándalos económicos como las gestiones que se realizaron desde dicha oficina contra el BBVA o en la OPA sobre Endesa.
Dados los fines de la oficina, Taguas ha sido un receptor directo de las demandas e intereses del sector inmobiliario y de la construcción; y un "respondedor" oficial sobre avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial, ventajas fiscales, fomento de vivienda de protección oficial o aumento de las inversión en infraestructuras.
Es por ello que a sindicatos, oposición, colectivos, prensa y a su propio partido socialista les sonase raro su nueva función como presidente de Seopan, uno de los consorcios empresariales más grandes del país, sobre todo cuando se sabía que Taguas, como jefe de la Oficina Económica, había participado en las revisiones de precios de contratos celebrados por las administraciones públicas con las constructoras. La imagen que se da de la política es turbia.
Se decía que él había recibido la luz verde inicial para incorporarse a su nueva labor. Ante el Pleno del Congreso y en respuesta a una interpelación planteada por IU-ICV, la ministra dijo ayer que el Gobierno no dio ningún informe previo a Taguas.
Lo que dice la ley de incompatibilidades es que durante los dos años posteriores a la fecha de su cese los altos cargos no pueden trabajar en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Es cierto que la Oficina Económica del presidente no aprueba expedientes relacionados con empresas concretas, pero también es verdad que su capacidad de influencia sobre determinadas decisiones de política económica que favorecen a constructoras e inmobiliarias es grande. Muy grande.
La ley matiza que se entiende que existe una relación directa cuando los altos cargos hubieran dictado resoluciones en relación con la empresa que contrato sus servicios. No parecía ser este el caso de Taguas, pero esa misma ley dice también que incurren en incompatibilidad los altos cargos que intervinieron en sesiones de órganos colegiados en las que se hubieran adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas sociedades.
La ley, incluso, establece un régimen sancionador para las empresas privadas que contraten a altos cargos implicados en una presenta incompatibilidad. Se las prohíbe contratar con las administraciones públicas durante dos años, el tiempo en el que deben "enfriarse" los altos cargos para evitar el favoritismo.
A pesar de todo, ayer por la tarde el dictamen del Ministerio de Administraciones Públicas se hizo público a favor de la firma del contrato de Taguas con la patronal. Se basa en que las incompatibilidades sólo se refieren a sociedades y empresas y no para una asociación privada sin ánimo de lucro como es Seopan. Tampoco acepta que la patronal de las constructoras pueda ser considerada un "grupo de presión" que defienda intereses contrapuestos al interés general.
