La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que las nuevas leyes que impulsará el Gobierno esta legislatura tras el 37 Congreso "tienen sentido" porque van "en la línea de la ampliación de derechos" que ya inició el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en su primer mandato. A su entender, esto es "acorde" con el programa electoral socialista.
En cuanto a la nueva ley sobre la aplicación de cuidados paliativos, De la Vega aclaró que en el congreso socialista "no se ha hablado de una despenalización de una eutanasia activa", pero si de "avanzar" en la consecución de una "muerte digna" mediante una mayor regulación de los cuidados paliativos y revisando el testamento vital y la ley para "ver hasta donde puede llegar". A su entender, se trata de no añadir más sufrimiento a quienes "no tienen más perspectivas de seguir viviendo".
En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, De la Vega respondía así al compromiso del Gobierno de convertir en leyes los asuntos que se discutieron en el cónclave socialista del pasado fin de semana relacionados con la muerte digna, el aborto y el voto inmigrante en las municipales.
De esta forma, De la Vega afirmó que su Ejecutivo afronta con "ilusión" la nueva legislatura después de una congreso en el que han surgido "nuevas ideas" que el Gobierno tratará de transformar en leyes.
Preguntada por si tiene sentido que tras tres meses de las elecciones generales el Gobierno se comprometa con temas distintos a los que figuraban en el programa electoral, señaló: "Tiene sentido porque el PSOE siempre está promoviendo ideas nuevas, un partido que trata de anticiparse a los problemas, de prever el futuro y buscar soluciones a los grandes retos de la sociedad".
"La mayoría de los temas que se han abordado (en el congreso socialista) son temas que se apuntaban en el programa y que en este congreso se han debatido, se han avanzado, se han concretado y se han aprobado. A partir de ahí vamos a trabajar para llevarlos adelante y transformarlos en leyes, porque van en la línea de los fundamentes de este Gobierno, ampliación de derechos", subrayó.
EL VOTO INMIGRANTE SALDRÁ ADELANTE
En cuanto al voto inmigrante, incidió en lo "razonable" de que las personas que "se integran" en nuestro país ejerza su derecho al voto en las municipales, tal y como reconoce la Constitución. Se mostró además segura de que la ley será refrendada por una mayoría parlamentaria. A su entender, se trata de un "acto de justicia" con quienes "trabajan, cumplen sus deberes y pagan sus impuestos".
Dicho esto, volvió a defender el procedimiento para afrontar un cambio de legislación en este sentido: "El procedimiento es completamente democrático, es verdad que el discurso de investidura y el programa electoral son el marco de las decisiones fundamentales del contrato adquirido por un partido político con los ciudadanos, pero en el marco de ese contrato caben siempre otras cuestiones que no sean contradictorias".
Situó así la ampliación del derecho al voto a los inmigrantes en el marco de "desarrollo de los compromisos programáticos del discurso de investidura". "Esto es acorde con el discurso de investidura y el programa electoral, reconocer derechos y promover la integración", incidió la vicepresidenta primera del Gobierno.
Respecto a la ley de plazos, De la Vega quiso aclarar que el PSOE tratará de recabar el "máximo consenso posible" en torno a la nueva legislación, aunque se mostró confiada en obtener un "respaldo mayoritario". Apostó así por revisar una ley que ya lleva en vigor más de 20 años y que hoy ya "no garantiza suficientemente los derechos de las personas" que quieren interrumpir su embarazo.
"Queremos buscar la mejor legislación para que el cometido que tiene esa ley que es proteger derechos y garantizar que se puedan ejercer tanto por las mujeres como por los profesionales de la sanidad, se haga de la mejor manera y teniendo en cuenta las legislaciones de plazos que existen en el ámbito de la Unión Europea", subrayó.
UN COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA LEY DE PLAZOS
Aseguró además que se reformará la legislación actual sobre interrupción del embarazo siguiendo el procedimiento que señala el programa electoral: un comité de expertos que evalúe el funcionamiento de la ley actual y hagan las "mejores propuestas" y las "más innovadoras" al Gobierno para hacer una ley "vanguardista".
"En el sentido, -explicó– de que sea capaz de reconocer lo mejor de lo que existe para garantizar derechos, para establecer seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales de la sanidad, establecer la equidad territorial y, sobre todo, no añadir nunca más dolor a las mujeres que se encuentran en una situación tan difícil y tan delicada como es la interrupción de un embarazo no deseado".