El 28, hasta los 67

El sistema público de pensiones en España es un sistema contributivo, obligatorio y de reparto (es decir, las prestaciones anuales que están cobrando los pensionistas se financian mediante cotizaciones que en ese mismo año realizan las empresas y los trabajadores en activo).

De acuerdo con la normativa, la cuantía de la pensión de jubilación, que se empieza a cobrar por regla general a los 65 años depende del número de años de cotización y de los salarios (bases reguladoras) de los 15 años anteriores al momento de producirse la jubilación, existiendo pensiones máximas y mínimas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, las cuales, según lo previsto en el Pacto de Toledo, deben revalorizarse de acuerdo con el IPC. Para tener derecho al 100% de la prestación, el trabajador deberá haber cotizado durante al menos 35 años.

Para conseguir la viabilidad del sistema a largo plazo es necesario se considera no la introducción de ajustes paramétricos (edad de jubilación, forma de cálculo de la pensión, índice de revalorización de la misma, etc.). Hace unos meses un informe de PwC planteaba también la posibilidad de abordar una reforma más profunda, de carácter estructural (cambio hacia un modelo de prestación definida y reparto diferente al actual). "El sistema público de pensiones, en régimen de reparto, está basado en el principio de solidaridad intergeneracional, lo que supone que los trabajadores en activo financian las prestaciones de las personas que están cobrando una pensión. El sistema se sostiene bajo la premisa de que haya una proporción suficiente de trabajadores que cotizan frente al número de pensionistas. En España hemos pasado de tener un ratio de 4 trabajadores por pensionista a finales de los años setenta, a 2,6 en la actualidad y se espera que el mismo sea de 1,2 en las próximas décadas, por lo que el sistema tiene un problema estructural de sostenimiento" nos explicaba Mariam Cordero, Asociada Senior en PwC.

Estos días se está debatiendo entre Gobierno y sindicatos prácticamente a contrarreloj la reforma de las pensiones, que deberá plasmarse oficialmente el día 28 de este mes según previsiones.

¿Qué es previsible que pase?

Según el documento sobre la revisión del Pacto de Toledo:

• el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real, sin que el procedimiento pueda añadir o restar sin justificación periodos o bases de cálculo.
• la capacidad de elección de base de cotización debe limitarse para evitar una planificación prestacional desvinculada del nivel de ingresos del cotizante, que además genera situaciones de desprotección cuando no se ha mutualizado una contingencia, o cuando sobreviene una interrupción de la actividad y la prestación reconocida es muy inferior a los rendimientos como activo.
• una única base reguladora para el cálculo de todas las prestaciones del sistema, que utilice mecanismos homogéneos para configurar la media de las bases de cotización que la conforman.
• un procedimiento de cómputo de la pensión de jubilación (en periodos, bases, etc) que no penalice a los trabajadores despedidos al final de su vida laboral, y que garantice en términos crecientes la equidad interna del sistema, y la correspondencia entre cotización efectuada y prestaciones.

Ayer, el Ministro de Trabajo ha explicado que la elevación de la edad de jubilación sigue siendo una de las actuaciones fundamentales que debe ayudar a fortalecer y reforzar las pensiones del futuro. El ministro ha afirmado que "actuar con antelación, con unos plazos suficientemente largos, facilita la progresividad en la aplicación de la reforma -y ha añadido- se puede hacer el proceso con gran flexibilidad, introduciendo criterios de equidad". En concreto, se ha referido a los trabajadores con largas carreras de cotización que podrían mantener el derecho a jubilarse con 65 años, al igual que quienes desarrollen trabajos con características de penosidad y dificultad.