La situación económica que se está viviendo ha hecho incrementar de manera notable los embargos, sobre todo desde el plano de las hipotecas. Escuchar a Leopoldo Abadía sus chascarrillos acerca de la “crisis ninja” y sus orígenes en las alegrías que se tomaban los bancos a la hora de conceder préstamos hipotecarios es sólo la cara amable de la realidad. Como fruto de ello, se ha incrementado el trabajo de los profesionales de la Abogacía que reclaman impagos, y ello repercute, naturalmente, en sus ingresos de un modo favorable. Pocas veces como en esta vemos, conmiserados quizá, que los puntos de vista de cada cosa hacen variar, mucho, su valor.
Las entidades financieras están viendo cómo aumenta su patrimonio inmobiliario de un modo espectacular: los titulares de las hipotecas no pueden con las cuotas, y no hay más remedio que ejecutar. En el año 2008, se presentaron en los juzgados civiles un total de 58.686 demandas de ejecución hipotecaria por parte de bancos y cajas más del doble que en 2007; todo ello según cifras del Consejo General del Poder Judicial.
Por lo tanto, las subastas ahora están al alza. De todos modos, recolocar esos inmuebles está siendo más difícil de lo que parecía a primera vista.
Rafael López Cantal, ex Decano del Colegio de Abogados de Granada, recapacita sobre la situación en el número del mes de abril de la revista del Consejo General de la Abogacía Española. Afirma que "Los abogados de las entidades financieras lo pasan mal cuando, para cumplir con su deber reclamando un préstamo impagado, se ven obligados a embargar y a veces subastar bienes de personas físicas o entidades a las que las cosas les han venido mal dadas. En algunos de estos casos, y en las ejecuciones hipotecarias, se llega a la enajenación forzosa de viviendas familiares, sedes de empresas o instalaciones industriales, por poner ejemplos cotidianos que constituyen auténticas tragedias ajenas. Pero se trata de su obligación profesional y la tienen que cumplir, lo que requiere un análisis personal, y a veces una defensa frente a terceros, no ya de la ‘legalidad' sino de la ‘licitud' de su actuación profesional. Porque en situaciones de crisis en general y ante actuaciones procesales como las mencionadas, la entidad crediticia y sus defensores suelen aparecer como los malvados de la película y esto es desagradable e injusto para los profesionales afectados".
Hace unos meses hablamos en Legal Today acerca de la novación para abaratar las hipotecas, posibilidad a la que se acogen muchos españoles desde que hace un año, el Real Decreto Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, que establece la no sujeción al gravamen establecido en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de las escrituras públicas de novación de préstamos con garantía hipotecaria que se refieran a la ampliación del plazo del préstamo, flexibilizase los requisitos.
El banco puede iniciar el proceso tras un solo impago. De todos modos, y dado el tapón que hay en los juzgados, se suele esperar a llegar a un acuerdo con el deudor hipotecario. Además, un proceso judicial de este cariz, que teóricamente debería durar alrededor de un mes y medio, está llegando al año.
La misión del abogado, ante este tipo de situaciones, puede ser conciliadora. Buscar, como acabamos de aludir, un acuerdo, puede ser la tabla de salvación para el deudor. Además, la entidad financiera también se beneficia debido a que, sobre todo en esta época de superávit no buscado de patrimonio inmobiliario de los bancos, se están viendo con una cantidad de viviendas y naves industriales a las que no está tan claro que puedan darle una salida inmediata.
