Entre los principales temas destacan el problema recientemente detectado de la acumulación de ejecutorias penales o el tratamiento judicial de los delitos contra derechos humanos
El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) organiza el I Congreso Nacional de Profesionales del Derecho Penal. Dicho evento se desarrollará en la Ciudad de la Justicia de Valencia los próximos 5 y 6 de junio, en el que se tratarán temas como el problema recientemente detectado de la acumulación de ejecutorias penales o el tratamiento judicial de los delitos contra derechos humanos, a través de la visión y experiencias de profesionales destacados en estas áreas.
El congreso contará con la presencia de Baltasar Garzón, magistrado juez de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, portavoz de la fiscalía de la Audiencia Nacional, Gonzalo Rodríguez Morullo, abogado y catedrático de Derecho Penal en Madrid, Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial en Madrid, Ramón Ledesma, subdirector general de Normativa y Recursos de la DGT, Luis Rodríguez Ramos, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Fernando Cabedo, fiscal especialista en delincuencia informática de Valencia y Enrique Rovira, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, entre otras personalidades relevantes.
El congreso constará de dos jornadas de trabajo organizadas en cuatro ponencias que tratarán, respectivamente, los delitos informáticos, la seguridad de tráfico, las ejecutorias y el tratamiento penal de delitos contra derechos humanos. Lo más destacable es que cada una de estas ponencias contará con la representación de un abogado, un magistrado juez, un fiscal y algún miembro de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de forma que en el debate estarán representados todos los profesionales implicados en la gestión y tratamiento del área analizada.
Mª José Santa Cruz, vicedecana del Colegio de Abogados de Valencia y miembro del comité organizador, ha expresado que "éste no es un congreso más sobre Derecho Penal, sino que por primera vez en España todas las voces implicadas en la gestión y tratamiento de las conductas tipificadas como delito tienen un foro común donde tratar los problemas que les atañen como profesionales y buscar las soluciones más adecuadas.
Sin duda, las conclusiones que surjan del debate y de la puesta en común de sus experiencias servirán como punto de partida para mejorar la actual situación de la Justicia en la rama del Derecho Penal".
