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06/12/2022. 02:26:05

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El forense exculpa a un médico de una muerte en un tratamiento experimental

EFE

Una forense ha exculpado al médico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla procesado por la muerte de una joven de 19 años, enferma del corazón, que fue tratada con un medicamento nuevo antes de tener el permiso oficial y sin cumplir todos los trámites del consentimiento informado.

Forense exculpa médico muerte tratamiento experimental

Fuentes del caso han dicho que la forense de los juzgados sevillanos ha dicho a la juez de instrucción 11 que, al no haberse practicado la autopsia, "no se sabe a ciencia cierta cual fue la causa del fallecimiento".

Esta declaración, realizada el viernes, contrasta con el contenido del informe escrito entregado por la misma experta, que estableció que "existen severas carencias con respecto a la aplicación de una correcta práctica médica en el caso", lo que dio lugar a la imputación del facultativo en octubre de 2007.

La imputación se produjo después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) fuese condenado a pagar 77.555 euros a los padres de la joven porque el tratamiento empezó 45 días antes de tener la autorización oficial y con un consentimiento de la paciente que adolecía de "defectos formales que forzosamente deben producir su invalidez", según la sentencia.

La joven J.P.M., natural de Cádiz, comenzó a ser tratada de su hipertensión pulmonar con el medicamento Iloprost, que en esa fecha se encontraba en fase experimental, en diciembre de 2001, pese a que el producto recomendado para esta dolencia era el Flolan, y la autorización de la Agencia Española del Medicamento no se produjo hasta el 10 de enero de 2002.

La paciente no mejoró con el tratamiento y falleció en la UCI del citado hospital el 18 de mayo de 2002 por una parada cardiorrespiratoria que el forense atribuyó a "falta de medicación" en la bomba que debía suministrar el producto por vía intravenosa.

En su informe escrito, la forense mantuvo que el tratamiento con Iloprost "no fue hospitalario, tal y como indican las pautas de administración, prolongándose en el tiempo más de lo establecido ya que en lugar de las cuatro semanas recomendadas, se mantuvo de forma extrahospitalaria durante 142 días".

Esto derivó en una ausencia de vigilancia de la paciente, que fue ingresada en la UCI por agravación de su patología y falleció el 2 de mayo de 2002 por falta de medicación al no haberse sustituido la bomba de administración del producto.

Frente a su informe por escrito, en su comparecencia del viernes la forense aseguró que "al no haber autopsia, no se puede determinar si el fallecimiento se produjo por una sobremedicación o ausencia de medicación", por lo que "no se puede descartar que la propia evolución de la enfermedad" produjera la muerte.

Además, afirmó a la juez que la patología de la chica era "grave, sin curación" y el único objetivo del tratamiento era controlar los síntomas.

La letrada que ejerce la acusación en nombre de los padres de la chica, Irene González Ángel, ha dicho a Efe que "no entiende como la forense dice ahora que necesita la autopsia para determinar las causas de la muerte y no lo dijo cuando elaboró su primer informe médico", que incluso fue ampliado en los mismos términos unas semanas después, a petición del juez.

En su declaración judicial, el médico J.S.R. manifestó que inició el tratamiento antes de recibir la autorización del ministerio de Sanidad porque la joven estaba muy grave y aseguró no haber actuado por afán investigador sino solo terapéutico, para "mejorar la calidad de vida de la paciente".

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