Una forense ha exculpado al médico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla procesado por la muerte de una joven de 19 años, enferma del corazón, que fue tratada con un medicamento nuevo antes de tener el permiso oficial y sin cumplir todos los trámites del consentimiento informado.
Fuentes del caso han dicho que la forense de los
juzgados sevillanos ha dicho a la juez de instrucción 11 que, al no haberse practicado
la autopsia, "no se sabe a ciencia cierta cual fue la causa del
fallecimiento".
Esta declaración, realizada el viernes, contrasta con el contenido del informe
escrito entregado por la misma experta, que estableció que "existen
severas carencias con respecto a la aplicación de una correcta práctica médica
en el caso", lo que dio lugar a la imputación del facultativo en octubre
de 2007.
La imputación se produjo después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS)
fuese condenado a pagar 77.555 euros a los padres de la joven porque el
tratamiento empezó 45 días antes de tener la autorización oficial y con un
consentimiento de la paciente que adolecía de "defectos formales que
forzosamente deben producir su invalidez", según la sentencia.
La joven J.P.M., natural de Cádiz, comenzó a ser tratada de su hipertensión
pulmonar con el medicamento Iloprost, que en esa fecha se encontraba en fase
experimental, en diciembre de 2001, pese a que el producto recomendado para
esta dolencia era el Flolan, y la autorización de la Agencia Española del
Medicamento no se produjo hasta el 10 de enero de 2002.
La paciente no mejoró con el tratamiento y falleció en la UCI del citado
hospital el 18 de mayo de 2002 por una parada cardiorrespiratoria que el
forense atribuyó a "falta de medicación" en la bomba que debía
suministrar el producto por vía intravenosa.
En su informe escrito, la forense mantuvo que el tratamiento con Iloprost
"no fue hospitalario, tal y como indican las pautas de administración,
prolongándose en el tiempo más de lo establecido ya que en lugar de las cuatro
semanas recomendadas, se mantuvo de forma extrahospitalaria durante 142
días".
Esto derivó en una ausencia de vigilancia de la paciente, que fue ingresada en
la UCI por agravación de su patología y falleció el 2 de mayo de 2002 por falta
de medicación al no haberse sustituido la bomba de administración del producto.
Frente a su informe por escrito, en su comparecencia del viernes la forense
aseguró que "al no haber autopsia, no se puede determinar si el
fallecimiento se produjo por una sobremedicación o ausencia de
medicación", por lo que "no se puede descartar que la propia
evolución de la enfermedad" produjera la muerte.
Además, afirmó a la juez que la patología de la chica era "grave, sin
curación" y el único objetivo del tratamiento era controlar los síntomas.
La letrada que ejerce la acusación en nombre de los padres de la chica, Irene
González Ángel, ha dicho a Efe que "no entiende como la forense dice ahora
que necesita la autopsia para determinar las causas de la muerte y no lo dijo
cuando elaboró su primer informe médico", que incluso fue ampliado en los
mismos términos unas semanas después, a petición del juez.
En su declaración judicial, el médico J.S.R. manifestó que inició el tratamiento
antes de recibir la autorización del ministerio de Sanidad porque la joven
estaba muy grave y aseguró no haber actuado por afán investigador sino solo
terapéutico, para "mejorar la calidad de vida de la paciente".
