La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha anunciado en el pleno de control al Gobierno, que el Ejecutivo va a adelantar la primera evaluación del desarrollo de la Ley de Dependencia con un diagnóstico de la situación actual, ante su «compleja aplicación», a pesar de que la norma prevé que este análisis se realice transcurridos los tres años de vigencia.
A instancias de los diputados Carles Campuzano (CiU) y Miguel Barrachina (PP), respectivamente, explicó que este diagnóstico ha comenzado con la celebración de una ronda de conversaciones con todos los consejeros autonómicos de Asuntos Sociales.
La ministra señaló que la Ley de Dependencia se sitúa en el "principio de un proceso largo" y "resulta" prematuro avanzar valoraciones, si bien señaló la necesidad de garantizar un acuerdo "permanente" entre las distintas administraciones.
En relación a las prestaciones, afirmó que no va a excusar la responsabilidad de la Administración General del Estado, "todo lo contrario", pero advirtió que también va a exigir la corresponsabilidad de las comunidades autónomas para la puesta en práctica de esta ley.
En lo que se refiere al copago y la acreditación de centros, Cabrera explicó que estas medidas tienen que pasar por Consejo Territorial y, para ello, afirmó que va a "esforzarse" para que este organismo actúe con el mayor de los consensos posible, pero que "espera" encontrar en todas las comunidades autónomas "el apoyo que necesita esta ley y que, en muchas ocasiones, no ha tenido".
Cabrera respondió así a las críticas de ambos diputados. Por parte del PP, Barrachina afirmó que existe un clima de "desánimo" debido al desarrollo de la ley y puso como ejemplo, que, desde que una persona con 'gran dependencia' presenta una solicitud, hasta que ésta es resuelta, "son necesarios 32 pasos administrativos". "Transcurren entre 8 y 12 meses hasta que se les concede una ayuda", aseveró.
En la misma línea, Campuzano aseguró que en Cataluña hay más de 23.000 ciudadanos 'grandes dependientes', que "no han recibido ninguna prestación". Por ello, criticó la actitud del Gobierno en la campaña electoral porque, a su juicio, "jugó con los sentimientos de las personas". "No nos podemos permitir que el desarrollo del nuevo pilar del bienestar no funcione", añadió.
APROBACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS
La ministra recordó que, desde enero de 2007, en que la ley entró en vigor, el Gobierno ha ido aprobando las normas de desarrollo previstas, una vez acordadas con las comunidades en el Consejo Territorial: el baremo de valoración de la situación de dependencia, el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado; la cuantía de las prestaciones económicas; y se ha regulado la Seguridad Social de los cuidadores.
Cabrera añadió que en este mismo periodo se ha aprobado el marco de cooperación interadministrativa y los criterios de reparto de créditos para la financiación del nivel acordado. "Y todo eso en diálogo con las comunidades autónomas como lo demuestra el hecho de que todas ellas han firmado los convenios en los que se aprobó dicha cooperación", apuntó.
