El debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable llegó el viernes al Consejo de Ministros en forma de valoración del portavoz del Ejecutivo. Al término de la reunión semanal Íñigo Méndez de Vigo afirmó que, si prospera vía tramitación la propuesta del PNV aprobada el jueves en el Congreso, estaremos ante “una mala noticia”. Como se sabe, esta pena está además recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El portavoz del Gobierno pidió a los grupos parlamentarios que apoyan la propuesta que "escuchen a la calle", reconsideren su postura en favor de su derogación, y aborden el correspondiente debate con "tranquilidad y serenidad". El Ejecutivo no solo, "mantiene con convicción que la prisión permanente revisable es necesaria para los casos de delitos especialmente graves" sino que, como se recordará, hace poco más de un mes impulsó un Anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal para ampliar los supuestos delictivos a los que se aplica la prisión permanente revisable.
Atendiendo a "la demanda social", el Anteproyecto propone incorporar cinco nuevos tipos delictivos
- Asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares.
- Asesinato después de un secuestro.
- Violadores en serie.
- Violación a un menor tras privarle de libertad o someterle a torturas físicas o morales.
- Muertes en incendios, destrucción de grandes infraestructuras, liberación de energía nuclear o elementos radioactivos.
Tal y como viene haciendo el Ejecutivo desde que esta pena se introdujera en el ordenamiento español en el año 2015, Méndez de Vigo defendió que esta figura está recogida en la práctica totalidad de los países europeos, recibió los informes favorables del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y es compatible con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El ministro portavoz añadió que con la prisión permanente "no se renuncia a la reinserción del penado", dado que, una vez cumplida una parte de la condena, "un tribunal podrá revisar su situación personal y, si lo considera adecuado, establecer un plazo de libertad condicional".