El Consejo de Ministros del pasado viernes acordó remitir un requerimiento al Gobierno murciano para que restablezca la legalidad y retire el pin parental a sus centros educativos, mediante el que se pretende que los padres de los alumnos tengan que expresar su consentimiento explícito para que sus hijos asistan a cualquier tipo de actividad programada por el centro. Como es sabido, a partir de mañana los Consejos de Ministros ordinarios pasarán a celebrarse los martes.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que el Ejecutivo recurrirá por la vía administrativa o judicial cualquier intento de vulnerar el derecho de los menores a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales.
"Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos, pero especialmente de los menores. Y ante cualquier actuación que entendamos que vulnera sus derechos, la normativa vigente o los convenios internacionales, responderemos con contundencia", afirmó.
Isabel Celáa: "No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres"
Por su parte, la ministra de Educación Isabel Celaá afirmó que el pin parental es una "objeción de conciencia encubierta" para los contenidos curriculares. "Vulnera el derecho fundamental a la educación, que pertenece a cada persona desde su nacimiento. No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres". Para evitar circunstancias como estas, el Ministerio de Educación envió el pasado jueves un comunicado en el que anunciaba que recurrirá por la vía judicial "cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado".
Este asunto se coló de lleno en el debate político de finales de la pasada semana. El pin parental consiste en una solicitud de autorización expresa de los padres de un alumno, para que éste pueda participar en actividades organizadas por el centro educativo, cuando tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia.
Objeción de conciencia o garantía de los derechos de padres
Frente a la postura del Gobierno central de que se trata de una objeción conciencia encubierta, para el Partido Popular y para Vox el pin parental garantiza el derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones.
El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, aseguró que "a quien no pertenecen los hijos es a la señora Celaá" y rechazó lo que considera "adoctrinamiento" en las escuelas. Desde Ciudadanos y por medio de Twitter, Tony Cantó afirmó que "Menuda burrada acaba de decir la Ministra de Educación… ¿Y a quién pertenecen? ¿Al Estado? ¿Al PSOE? ¿A los nacionalistas?".
En el debate también entró la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien anunció al término del Consejo de Ministros que comparecerá a petición propia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de género, en el Congreso de los Diputados, ya que el pin parental supone una "ruptura clara" del pacto.
