La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Ejecutivo pedirá el próximo 27 de junio un informe al Consejo de Estado para «abordar el debate y la reflexión» sobre la modificación de la ley electoral. De la Vega expuso las prioridades legislativas de su departamento ante la Comisión constitucional del Senado -al igual que hizo en mayo en la del Congreso- y expresó el compromiso del Gobierno con la reforma de la Cámara Alta para potenciar su naturaleza de Cámara de representación territorial.
Así, aseguró que para ello el Ejecutivo está dispuesto a facilitar en lo posible el consenso y de todas las tareas que desarrolle la Cámara "en la formulación de las propuestas de reforma que estime oportunas".
Se refirió además a las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica y recalcó que las comunidades "no pueden seguir siendo básicamente haciendas de transferencias, entes de gasto con escasa responsabilidad desde la perspectiva del ingreso".
En este sentido, advirtió de que profundizar en el autogobierno "exige inexorablemente profundizar también en la responsabilidad fiscal y en la determinación de espacios fiscales diferenciados" para que las comunidades puedan adoptar "responsablemente sus propias decisiones de ingresos y gastos".
De la Vega se comprometió a impulsar el desarrollo de los nuevos Estatutos de autonomía con "lealtad institucional" y por medio del diálogo, a potenciar los mecanismos de colaboración entre instituciones autonómicas y gobierno central y a respetar el reparto de competencias para reducir la litigiosidad y los conflictos de competencias.
REGULAR LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
La también portavoz del Gobierno recordó que la primera conferencia de presidentes autonómicos de la legislatura será en septiembre y su tema será la violencia de género y subrayó que el Ejecutivo presentará una propuesta para regular e institucionalizar este órgano, y así garantizar su permanencia.
Al igual que hizo el mes pasado en el Congreso, la vicepresidenta explicó que el Gobierno tiene previsto acompañar todos los proyectos normativos de un "informe de impacto autonómico" en el que se analice la distribución de competencias sobre el asunto y su incidencia en el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas.
