Cuatro expertos de reconocido prestigio debatieron ayer en el Club de los Miércoles sobre las dificultades a las que se enfrenta la Administración Pública en su proceso de transformación digital que se inició hace unos años, así como sobre los retos y contribución de los Fondos Next Generation en la aceleración del proceso.
Moderado por Jaime Barbero Bajo, Product Marketing Manager en Thomson Reuters Aranzadi, intervinieron Javier Hernández Díez, subdirector General de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales del Ministerio de Justicia, Asier Sáez de Bizuña Ortueua, director de Gobierno Digital en EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea, Sociedad Informática del Gobierno Vasco, y Fernando de Pablo Martín, director general de la Oficina Digital en el Ayuntamiento de Madrid.
Irrupción de los Fondos Next Generation
Javier Hernández Díaz relató que el actual es un momento muy intenso con la irrupción de los Fondos Next Generation, que le dotó de más de 410 millones de euros sumado al proyecto 2030 que se ha traducido en tres leyes de eficiencia. (Organizativa, Eficiencia Procesal y la de Eficiencia Digital). Estamos, indicó, en una fase muy productiva de digitalización que nos permite la utilización masiva de datos. Asimismo, consideró a la Justicia como un proyecto “tractor” para la economía de nuestro país. “Nos encontramos en un momento muy dulce e ilusionante con grandes inversiones”, añadió. Para ello se quiere y se necesita contar con el sector privado. De ahí que, para lograr esa deseable transformación digital de la Justicia, se haya organizado la planificación desde una triple perspectiva:
- Seguridad Jurídica Digital.
- Innovación y calidad en el modo comunicarnos entre sectores y operadores jurídicos.
- Concreción de los precios de contratación y delimitación de los servicios públicos digitales.
Por su parte, Asier Sáez de Bikuña Ortueta citó el Plan de Justicia Digital 2021-2026 y puso en valor que la CCAA del País Vasco está a la cabeza del Estado en intermediación de datos. Sáez de Bikuña subrayó otros proyectos como OGP Euskadi, donde van a recoger propuestas para las iniciativas legislativas populares en Euskadi o la iniciativa Convergencia TIC Batera. Considera esta etapa como un momento muy interesante para la transformación digital de las administraciones, “donde los Fondos Next Generation nos van a ayudar a hacer cosas que ya teníamos previstas, pero para hacerlas más rápido. Tenemos que ir a un modelo datacéntrico, de gobernanza del dato. Lo ponen de manifiesto proyectos como el del Plan de acción para el gobierno abierto en Euskadi 21-24, en el que se pretende establecer un sistema que favorezca la participación de la sociedad civil en las iniciativas legislativas”.
Para Fernando de Pablo Martín, se están desarrollando Planes con sinergias entre el Ayuntamiento y la ciudad. La idea es que Madrid “se convierta en un Hub digital para el sur de Europa, dada su más que demostrada capacidad de gestión de datos”. Ello demuestra que se está evolucionando de una Administración analógica a una digital. Todo ello implicará un cambio integral en las AAPP”. No solo cambios tecnológicos, “se exigen también cambios organizativos, nuevas habilitades y capacitación, mayor cooperación administrativa, cambio de mentalidad y simplificación de los procedimientos”.
En el ayuntamiento madrileño están encima de la mesa grandes proyectos:
- Infraestructura IT. Sistemas de comunicaciones 5G-Ciberseguridad-Cloud.
- Transformación interna. Gestión ingresos.
- Plataforma integral de atención ciudadana.
- Estrategia del dato. Inteligencia Artificial.
- Nuevas formas y puesto de trabajo colaborativo y remoto. Teletrabajo.
- Smart city.
- Capacitación digital. Plan de choque.
- Herramientas de gestión interna. Tramitador de expedientes.
Áreas especialmente importantes, que merecen destacarse, según De Pablo, son la financiera-tributaria y la de RRHH, que representan casi la mitad de las tramitaciones. Un dato relevante es que antes de la pandemia el nivel de tramitación electrónica era bajo (de un 20 % aproximadamente), y ya se pretende alcanzar el 80 %. Para ello, es vital la capacitación de los empleados públicos, de modo que no inviertan su tiempo en gestiones que puedan digitalizarse y lo puedan hacer en actuaciones que sí precisen su intervención.
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