El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha apuntado al «corporativismo» que, a su juicio, hay en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al presentarse «15.000 quejas al año» contra jueces, ya que «el porcentaje de sanciones por comportamientos irregulares está por debajo del 0,19%».
Así se ha expresado el ministro en un coloquio celebrado este lunes en la Forbes House de Madrid con motivo de la reciente publicación por parte del abogado Javier Cremados del libro ‘Sobre el imperio de la ley’ (Galaxia Gutemberg).
Bolaños ha sostenido que considera que la parte jurisdiccional, la «que tiene que ver directamente con el Estado de derecho, en España funciona».
«Sin embargo, es cierto que hay decisiones de los jueces y magistrados de nuestro país que no forman parte de su función jurisdiccional y que son resueltas por el Consejo General del Poder Judicial», ha añadido.
En concreto, ha precisado que el porcentaje de sanciones a jueces por «decisiones que no forman parte de su poder jurisdiccional» está por debajo de ese 0,19% porque algunas de ellas se archivan en el CGPJ o en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Y ha señalado que, en su opinión, «el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido».
Las sanciones «no las pone el Gobierno»
Según el ministro, la principal labor que tiene el CGPJ es preservar «el buen nombre de la justicia», «y no se protege el buen nombre de la justicia cuando se protege a un juez que ha cometido una irregularidad».
«Yo creo que este corporativismo mal entendido por parte del Consejo General de Poder Judicial hace daño al buen nombre de la justicia en nuestro país», ha expuesto.
En este sentido, ha recordado que «las sanciones a los jueces no las pone el Gobierno» ni el poder legislativo, «sino que las pone el propio órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo».
«Y creo que ahí podría haber trabajo para ver los expedientes desde esta perspectiva. Desde la perspectiva de la protección del buen nombre y la reputación del jueces y magistrado de nuestro país y del poder judicial en su conjunto», ha concluido
