El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa en los estados miembros de la Unión Europea, después del brusco “stop” del referéndum irlandés está tomando un cariz cada vez más controvertido. Mientras la situación continúa en suspenso en la República Checa –donde se espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la conformidad del nuevo Tratado con su Constitución-, la noticia ahora es que el Presidente polaco rechaza su firma, aun ante una ratificación por parte del Parlamento.
En el ínterin, se sigue proponiendo tanto por parte de las fuerzas políticas como por parte de los ciudadanos que la judicatura de los países miembros ponga de manifiesto los contrastes entre el Tratado y los ordenamientos jurídicos internos, y propongan modos de superar los problemas de orden procedimental relativos a la ratificación en sí.
Tras el recurso, rechazado, presentado en la Alta Corte de justicia inglesa para obtener la convocatoria de un referéndum popular sobre la ratificación, hay en curso ahora otro ante el Tribunal Constitucional alemán en que el que se cuestiona el excesivo poder atribuido al Consejo europeo por el Tratado, en detrimento del Parlamento nacional. En estas condiciones, al procedimiento de ratificación (que aún han de completar siete países miembros) se le van presentando incógnitas cada vez más densas.
Parece claro que el nudo de la cuestión es político. El nuevo Tratado -más allá de la mención en el título de la palabra "Constitución"- efectivamente es el catalizador de los temores, de las desconfianzas y también de la desilusión por los efectos de una integración más intensa de los estados de la Unión.
El rechazo popular refleja las tendencias transversales, nunca desaparecidas, contrarias al abandono del método llamado "funcionalista", concebido a partir de la cesión por parte de los Estados a la Comunidad de "porciones" de soberanía en sectores económicos, con evidentes efectos ventajosos, dejando para el futuro, con gran sentido práctico, ulteriores convergencias.
Parece, por lo tanto, lejana la opinión, cultivada en los ambientes comunitarios, según la cual la introducción de una "Constitución Europea" no sería más que una plasmación legal de una situación ya vigente de hecho, con ventajas sobre todo de orden "técnico" (simplificación del ordenamiento derivante de la fusión de la Unión y la Comunidad Europea, abandono del método de formación de los Tratados basado en la "superposición" sucesiva de normas, ciertamente no favorable para tener una normativa clara y lineal)
Sin duda, el cuadro institucional diseñado por el Tratado de Lisboa parece adaptado a la Europa de los 27, pero también; y sobre todo, para futuras ampliaciones.
De todos modos, como ya se ha dicho, el problema es político. El rechazo irlandés no está tanto fundado en un juicio negativo del nuevo Tratado, sino en el temor que infunde una integración más intensa que la actual. Las consecuencias de los "momentos de espera" se notan mucho en el plano político: hay ya tomas de posición de instancias con gran peso específico que mantienen que la adhesión de nuevos países miembros será difícil, si no imposible, si el marco normativo sigue siendo el Tratado de Niza; Tratado que, por otro lado, es el idóneo para regir la situación actual.
Esta posición, por otro lado, implica una presión sobre los Estados miembros (república Checa y Polonia) escépticos al respecto de nuevo Tratado, pero favorables a ampliaciones de la Unión.
No hay acuerdo en líneas generales sobre las consecuencias del resultado irlandés acerca de futuras ampliaciones de la UE. Algunos Estados mantienen que ahora todo se ha bloqueado, mientras que otros creen que el proceso que estamos viviendo debe seguir adelante, aunque fuese abriendo nuevos frentes de negociación.
La situación está además complicada por la particular situación de Croacia que, (tal y como se ha observado) se encuentra en una fase muy avanzada en las negociaciones para la adhesión, a un paso de la meta.
Lo que parece claro es que el resultado irlandés no debería bloquear el camino de la Unión. Es lo que resulta de las conclusiones del último Consejo Europeo, en el que se habló sobre el particular. Según las conclusiones del Summit, al Gobierno irlandés se le ha pedido que en el próximo Consejo manifieste la solución que propone adoptar (que quizá sea un segundo referéndum)
Al mismo tiempo, se ha hecho saber que el proceso de ratificación continuará. Con ello, el Consejo da a entender que no se abrirán negociaciones para adaptar el Tratado de Lisboa a los deseos que Irlanda pudiera tener hasta dar un sí al texto, sino que se buscará encontrar una salida a las visicitudes sin excluir una Unión "a dos velocidades".
En pocas palabras: no se quiere excluir de ningún modo a Irlanda del contexto europeo, pero concierne a Irlanda elegir el modo de salir adelante a este respecto, mientras que la Unión sigue su camino.
Lo que ya es indiscutible es que el objetivo (evocado por algunos) de hacer entrar en vigor el Tratado de Lisboa antes de las elecciones europeas de 2009 no parece realista, y que se deberá, sea como sea, esperar.
