Incluye la "licencia deportiva única", que las autonomías entienden como una invasión de competencias.
La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado y remitido al Senado este martes el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que, entre otras cosas, incluye la devolución al personal funcionario de otro día de asuntos propios o ‘moscosos’, de los tres que les fueron retirados con los recortes del decreto «antidéficit» de julio de 2012.
Este es uno de los asuntos que se han incluido en la norma a través de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, las cuales han sido las únicas junto con una de CiU y ocho transaccionales a propuestas de los nacionalistas catalanes y el PNV que han salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, que también ha permitido de este modo que la ley sea aprobada, a pesar del rechazo de todos los grupos de la oposición.
Además de la devolución de los 'moscosos', el PP ha introducido en la norma otras cuestiones como la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, la de la Ley de la Carrera Militar para que el personal del Ejército pueda desempeñar puestos en la Administración Civil y la de la ley del sector ferroviario, o la inclusión de una directiva europea para garantizar que los edificios de la Administración Central tengan un alto rendimiento energético.
Este hecho ha sido duramente criticado por el PSOE durante el debate en Comisión. Según la diputada socialista Meritxell Batet el material de estas enmiendas es "absolutamente ajeno al proyecto", lo que demuestra, a su juicio, el "menosprecio" y el "maltrato" del PP hacia el resto de grupos, al Congreso y al parlamentarismo. "No es admisible", ha sentenciado.
"Administración más eficaz"
En cuanto al contenido que tiene que ver con la racionalización del sector público, el PP ha defendido durante el debate que la norma busca hacer más eficiente la Administración para buscar un mejor servicio al ciudadano. "Con esta ley se implementan algunas de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno y se busca una administración más eficaz con responsabilidad y realismo", ha asegurado la diputada 'popular' Virginia Romero.
El proyecto de ley persigue la supresión e integración de organismos de la administración, para aligerar su peso, y también servirá para simplificar trámites administrativos, de forma que prevé por ejemplo que haya una única licencia deportiva para todo el país o que el BOE sea el lugar en el que los ciudadanos consulten cualquier notificación pública que les afecte, como tablón edictal único.
No obstante, los grupos de la oposición han rechazado, como han venido haciendo desde el inicio de la tramitación parlamentaria, la mayoría de estos planteamientos, y han tachado la ley de recentralizadora, de estar vacía de contenido y de poseer un marcado carácter ideológico con el único objetivo de recortar derechos y libertades.
Así, la diputada socialista Batet ha denunciado, además de la "nefasta" tramitación y el "fraude procedimental" cometido a su parecer por el PP, que el proyecto supone un "batiburrillo de medidas inconexas" así como que es "excesivamente reglamentista". "Puede responder a la voluntad de dar contenido a una ley que no tenía contenido", ha ironizado.
"No elimina duplicidades sino libertades"
Según la diputada de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ascensión de las Heras, lo único que esta norma "recentralizadora" va a conseguir "es recortar el sector público con criterios puramente ideológicos y economicistas". "Es una ley que lejos de aumentar los rendimientos públicos eliminará organismos que para el Gobierno del PP son incómodos", ha apostillado.
En este sentido, De las Heras se ha referido al artículo que prevé eliminar el Consejo de la Juventud y que su grupo había pedido rectificar en una de sus enmiendas, al igual que el PSOE. "Lo que hacen es eliminar los cauces de expresión democrática por parte de los jóvenes les resulta muy incómodo. Esto demuestra el marcado carácter ideológico, no elimina duplicidades, elimina libertades", ha sentenciado.
Por su parte, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, el encargado de defender las enmiendas de su formación, ha criticado que la reforma tiene "un contenido mínimo y en gran medida cosmético", que va a lograr "unos ahorros mínimos", que apenas afecta a las administraciones territoriales y que sólo avanza "tímidamente" en las propuestas que propuso la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
Asimismo, la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila, ha denunciado que el proyecto está "muy lejos" que perseguir la racionalización de la Administración Pública. "Indica que su verdadera intención es reforzar aún más el poder recentrazalizador del Estado y considerar prescindible la actividad de las administraciones territoriales", ha lamentado.
Aunque tanto PNV como CiU han agradecido que el PP haya aceptado algunas de sus peticiones tras pactar textos transaccionales, ambas formaciones han criticado que estas modificaciones son "insuficientes". "Nos han aceptado algunas enmiendas en temas colaterales que no alanzan al núcleo
de la regulación", ha señalado el diputado de CiU Toni Picó.
Así, el diputado de CiU ha argumentado que aunque han votado a favor de las transaccionales basadas en algunas de sus enmiendas, no han tenido más remedio que votar en contra del proyecto, el cual sigue conculcando, a su juicio, "las competencias autonómicas" reconocidas en la Constitución y en los Estatutos autonómicos, y que "no hace esfuerzo de racionalización".
En esta misma línea, el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha confesado que las transaccionales, aunque incluyen algunas mejoras, no les satisfacen suficientemente. "Al margen de la voluntad de la diputada del PP, el Gobierno no ha estado a la altura. Nos ha tenido mucho tiempo pendientes y luego nos las ha plantado como las lentejas, si quieres las tomas o si no las dejas. Además no valdría con resolver una o dos cuestiones puntuales", ha recordado.
Licencia deportiva única
Una de las transaccionales acordadas en base a una enmienda el PNV ha sido la que modifica parte del artículo que regula la licencia deportiva única, uno de los puntos más polémicos de la norma, considerado por los nacionalistas como "una invasión plena de las competencias" de las Comunidades y la "fulminación de las Federaciones deportivas autonómicas".
"El texto que se ha acordado es un mal menor", ha señalado a Azpiazu para añadir que con la modificación, se va a establecer, entre otras cosas, que la emisión de las licencias deportivas siga en manos de las federaciones autonómicas, aunque deberá haber una coordinación con el Estado. También se reconoce la normativa autonómica en materia de lucha contra el dopaje.
No obstante, para CiU no han sido suficientes los cambios introducidos. "No podemos dar nuestro apoyo a una medida que no era necesaria. Nadie lo ha pedido. Afectará a todas las licencias, para satisfacer intereses muy concretos", ha lamentado Picó.
