El Tribunal Constitucional comenzó a analizar el martes 15 de abril la primera de las 180 cuestiones de inconstitucionalidad presentadas con motivo de la Ley Integral de Violencia de Género, en la que se establece que los hombres tengan castigos más duros por agredir a las mujeres. Hoy, miércoles 16 de abril, el Pleno del Alto Tribunal continuará con las deliberaciones para posteriormente efectuar la votación correspondiente.
Tras una jornada completa de debate sin alcanzar una resolución, se espera que este miércoles el Tribunal Constitucional vote la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la redacción que la ley integral de Violencia de Género dio al artículo 153.1 del Código Penal. Ello determinaría la doctrina a seguir en las alrededor de 180 consultas elevadas al alto tribunal por magistrados y jueces de toda España, que actualmente se encuentran paralizadas.
Cabe señalar que el artículo 153.1 del Código Penal castiga a quien cause "menoscabo psíquico" o una "lesión no definida como delito" o "golpee o maltrate de obra sin causar lesión", y la víctima esté o haya estado ligada al maltratador por relación de afectividad incluso sin convivencia, o se trate de una persona especialmente vulnerable que conviva con él. El TC deberá resolver más de 180 cuestiones de inconstitucionalidad contra los artículos 171.4, 153.1, 172.2 y 57. 2 del Código Penal, en la redacción dada a estos artículos por la ley integral de Violencia de Género.
La cuestión de fondo que se plantea es el aumento de la pena en los casos de violencia machista. Los magistrados solicitan al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre este agravamiento penal para los hombres establecido en dicha ley.
En concreto, ayer comenzó a analizarse la cuestión presentada por la juez de Murcia María Poza en 2005, que solicita al Tribunal que se pronuncie sobre si el mayor castigo al hombre que a la mujer que maltrata a su pareja viola el principio constitucional de igualdad ante la ley.
La extensión del debate sobre este caso se debe a que es "muy complicado técnicamente", y tiene muchos "problemas de encaje penal", por lo que hay que redactar la sentencia de manera "muy rigurosa y estricta", según fuentes del Tribunal recogidas por el diario El País.
Según dichas fuentes, "el Tribunal se inclina mayoritariamente por la constitucionalidad de la ley, aunque habrá que esperar al pronunciamiento para ver si finalmente se adopta una resolución".
La postura del Tribunal busca poner el acento en el mayor desvalor que supone la conducta del hombre que maltrata a su pareja y no una discriminación positiva que entiende a la mujer como especialmente vulnerable.
