Recuerda que las mismas entidades fueron sancionadas por "prácticas restrictivas de libre competencia"
El Tribunal de Cuentas critica la «creciente dependencia» del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) respecto a cuatro compañías de servicios turísticos integradas en la Unión Temporal de Empresas (UTE) Mundosenior –Halcón Viajes, Viajes Barceló, Iberia y Marsans– en la ejecución de los ‘Programas de Vacaciones y Culturales’ para mayores, para los que se destinan las partidas de gasto «más importantes» del instituto, según el último ‘Informe de la Fiscalización de Contratación del IMSERSO’, correspondiente a 2005.
Además, este documento, al que tuvo acceso Europa Press, recuerda que estas cuatro entidades ya fueron sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia por "prácticas restrictivas de la libre competencia", en el marco de este mismo programa de ocio para ancianos, cuya sanción fue recurrida y en la actualidad se encuentra pendiente de sentencia.
Este organismo añade que si la sanción recaída adquiriese firmeza en sede judicial "podría llevar aparejada la prohibición de las citadas empresas de contratar con la Administración, durante un plazo máximo de cinco años".
Por otra parte, el informe advierte que el IMSERSO prorrogó el contrato del Programa de vacaciones para personas mayores durante las temporadas 2005-2006 y 2006-2007 "sin la autorización del Consejo de Ministros" –necesaria por razón de su cuantía– "y sin el soporte del correspondiente expediente de gasto que abarcase la totalidad del compromiso contractual adquirido".
No obstante, considera que esta deficiencia pudo considerarse "subsanada a posteriori", mediante la tramitación del expediente del gasto total correspondiente a la segunda temporada de prórroga y su previa autorización por el Consejo de Ministros.
"DEFICIENCIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL"
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha detectado "deficiencias de planificación y control" en los contratos de obras, realizados por el IMSERSO, que tuvieron por objeto la construcción centros de atención socio-sanitarios, entre otros recursos.
Este documento subraya que el cumplimiento de las previsiones presupuestarias del gasto ha primado respecto de las posibilidades reales de ejecución de las obras, "condicionando de forma negativa tanto la tramitación de los expedientes de contratación, como la propia ejecución de los contratos".
Asimismo, el tribunal considera que el IMSERSO no ha justificado "suficientemente" la elección del procedimiento y forma utilizados en la adjudicación de los contratos. Concretamente, en los de obras, este organismo fiscal asegura que el Instituto de Mayores "no ha utilizado en ningún caso la subasta pública", sino el concurso –para el que es necesario la concurrencia de varios supuestos que permiten esta forma de adjudicación–.
Concretamente, denuncia que en los tres contratos de obras adjudicados mediante concurso para la construcción de tres centros estatal de referencia en la atención socio-sanitaria –para personas con enfermedades raras y sus familiares, en Burgos; para personas con Alzheimer y otras demencias, en Salamanca; y para personas con grave discapacidad, en León– "resultó mínimamente eficaz" porque sufrieron considerables retrasos en su ejecución y no fueron concluidas en los plazos previstos.
El tribunal constata, además, la "deficiencia" en la gestión contractual del IMSERSO, relativa a las modificaciones de contratos, ampliaciones de plazo, reajustes de anulidades y obras complementarias –conlleva en la mayoría de los casos el incremento del precio y la demora de la entrega al servicio público–, que, a juicio de este organismo, "adquieren con excesiva frecuencia la consideración de regla general y no de excepción".
GESTIÓN "REPROBABLE" POR LA RESERVA DE PLAZAS RESIDENCIALES
Por último, el documento califica de "reprobable" la ejecución de los contratos de gestión y servicios públicos por el IMSERSO para la reserva y ocupación de plazas residenciales para personas mayores dependientes y personas con daño cerebral en dos centros residenciales de León y Alicante, respectivamente.
Considera "contraria a los principios de eficacia, economía y eficiencia" que la mayoría de las plazas reservadas se mantuvieran sin ocupación durante todo el ejercicio fiscalizado.
