La mejora de la respuesta judicial frente a la violencia doméstica y la mejor protección de sus víctimas, el esfuerzo continuado de formación de los operadores jurídicos y la mejor coordinación interinstitucional son, en opinión de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, los principales aspectos del balance que puede hoy hacerse de los cinco años de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales especializados en esta materia, un balance muy positivo.
Según los datos del Observatorio, el total de condenados en la jurisdicción penal durante los cinco primeros años de funcionamiento de la jurisdicción especializada en violencia sobre la mujer asciende a 145.166, teniendo en cuenta que en esta cifra se incluyen asimismo los condenados desde el día 1 de enero de 2006 por los Juzgados de lo Penal y por las Audiencias Provinciales. Estos datos se desglosan de la siguiente manera:
- De los 99.431 juicios celebrados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 79.087 terminaron en condena, lo que supone el 79,5% del total, contabilizando juicios por delitos y por faltas. De ellos, 58.880 condenas lo han sido en juicios por delitos (de conformidad con el acusado y su defensa) y 20.207 en juicios de faltas (vejaciones injustas e injurias leves, básicamente).
- Los Juzgados de lo Penal (entre enero de 2.006 y junio de 2.010) dictaron 122.438 sentencias en juicios por delitos de violencia de género. De ellas, 64.920 fueron condenatorias (un 53%) y 57.518 (un 47%) absolutorias.
- Las Secciones Penales Especializadas de las Audiencias Provinciales dictaron en los cuatro años y medio -período de recogida de estos datos- 1.416 sentencias en única instancia, siendo un 81,09% de ellas, condenatorias (1.159).
Impresiones de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán
Montalbán considera que, tras cinco años de funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, el balance es muy positivo: "En España ya no hay impunidad para esta clase de delitos".
Durante este tiempo, más de 145.000 acusados fueron condenados por violencia de género en los órganos judiciales especializados.
Para Inmaculada Montalbán, las cifras que ahora se publican "revelan que el sistema de justicia penal ha mejorado su respuesta y la protección de las víctimas". Sin embargo, añade, "no puede obviarse ni el número de sobreseimientos provisionales ni las renuncias de las víctimas a la continuación del proceso, en número creciente. Recordemos que el proceso penal no siempre responde a las expectativas de las víctimas, que, en lo fundamental, lo que desean es que la violencia cese y que la persona con la que creían haber entablado una relación afectiva cambie de comportamiento". En este sentido, la máxima responsable del Observatorio destaca "la necesidad de derivar a los servicios de asistencia social integral tanto los sobreseimientos provisionales como las sentencias absolutorias".
"Los jueces y juezas son conscientes de que ha mejorado la respuesta judicial en esta materia y de que se protege más y mejor a las víctimas", afirmó. Sin embargo, añadió, "deben continuar desarrollándose los recursos de diverso tipo previstos en la Ley Integral para que la recuperación integral de las mujeres víctimas de esta violencia así como la de sus hijas e hijos sea posible en todos los casos, no sólo en los supuestos en que ha existido una sentencia de condena". "Es la condición para que las mujeres sigan confiando en el sistema", apostilla.
Destaca, igualmente, el elevado número de medidas cautelares penales y civiles adoptadas para la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género en este período. "Más de 428.000 medidas cautelares penales y más de 104.000 civiles revelan que la tutela cautelar funciona".
La Presidenta del Observatorio subraya que "los esfuerzos para procurar la formación especializada de los miembros de la carrera judicial, incluida la reforma legal producida en 2009, deben extenderse al resto de operadores jurídicos. Las buenas prácticas y el conocimiento de lo que es y supone la violencia de género deben ser reclamadas de todos los profesionales".
