El profesor de la Universidad de Pennsylvania, Stephen Burbank, acaba de impartir un curso de dos semanas sobre “US Civil Litigation & ADR” dentro del Anglo American Law Program ofrecido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y la Fundación Gertrude Ryan. Durante su estancia abordó la importancia del jurado en Estados Unidos y explicó que “es tarea del abogado hacer comprensible al jurado popular un caso complicado”.
Stephen Burbank defendió el papel de los jurados populares en el sistema judicial norteamericano ya que "se ha demostrado que estos en la mayoría de los casos deciden igual que lo habría hecho un juez". Por otra parte, aunque reconoce que algunas cuestiones son complejas y técnicas para ser interpretadas por ciudadanos de a pie, "buena parte del Derecho norteamericano se compone de normas que implican a la comunidad y sobre las que el jurado es más fiable que un magistrado".
Precisamente, la importancia del elemento popular en el Derecho norteamericana procede de la desconfianza hacia las jueces durante la constitución del país, "los jurados se concibieron como una forma de protección frente a la arbitrariedad y acciones injustas de los magistrados", explicó.
Sin embargo, reconoció que en ocasiones "algunos abogados intentan influir en los jurados para que decidan a favor de sus clientes. No obstante, la ley está diseñada para impedir la introducción de cuestiones irrelevantes en el juicio o cuya relevancia es sustancialmente menor que el peligro de tener prejuicios".
Finalmente, el profesor Burbank comentó los próximos nombramientos en el Tribunal Supremo que tendrá que llevar a cabo Barack Obama y apostó por las candidatas femeninas. "El presidente Obama elegirá en primer lugar a una mujer", adelantó. De hecho, según predijo una de las favoritas es la jueza Diane Wood.
Sin embargo, la institución del jurado en España tiene una trayectoria tímida y con un éxito muy discreto. La Constitución, en su artículo 125, permitía la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia a través del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Efectivamente, en el año 1995 entró en vigor la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. A partir de ahí, los jurados podrían emitir un veredicto que declare probado o no un hecho justiciable, que el Magistrado-Presidente haya determinado. También, la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado en el hecho delictivo respecto del que el Magistrado-Presidente haya admitido la acusación.
