Especialistas en derecho bancario reivindican el secreto profesional de los abogados que prestan servicio a las entidades financieras

• El cambio climático, la constante evolución normativa, la puesta en marcha de las monedas digitales o el cambio en la cultura de cumplimiento normativo son algunos de los retos más acuciantes a los que se enfrenta el sector desde el punto de vista legal
• Los expertos manifiestan la existencia de una cierta asimetría en las exigencias de información para la banca respecto a sectores como el tecnológico

Los desafíos del sector financiero y bancario en materia de regulación, sostenibilidad. gobernanza o digitalización han sido los principales hilos conductores del IV Congreso ICAM de Derecho Bancario celebrado este jueves y viernes en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid. Los intensos debates mantenidos entre los cerca de 60 especialistas participantes han confluido en un decálogo presentado en el acto de clausura por el director del encuentro y diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ramón Couso.

Junto a la también diputada del ICAM, Mabel Klimt, y en compañía del vicesecretario del Banco de España, Jaime Herrero; el secretario del Consejo de CECABANK, Fernando Conlledo, la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín, y la Subdirectora de Tirant Lo Blanch, Laura Barrios, Couso ha adelantado las 10 principales conclusiones extraídas a lo largo de las siete mesas redondas y tres conferencias magistrales celebradas.

En el documento, se hace hincapié en la necesidad de proteger a los abogados que prestan servicios al sector financiero y se aborda la necesidad que tiene estos profesionales de adaptarse a la constante evolución normativa del sector, así como el importante papel que están llamados a desempeñar en la prevención del blanqueo de capitales. También se destaca la implicación de las entidades financieras en la descarbonización de la economía y la creciente importancia del gobierno corporativo, los riesgos y oportunidades del euro digital y la tecnología blockchain, las reestructuraciones empresariales o el impacto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Entre otros asuntos, los participantes subrayan cómo, lejos de ralentizarse, la inmensa regulación de la que es objeto el sector bancario desde el año 2008 parece intensificarse en los ámbitos internacional, europeo, nacional, autonómico e incluso local.  Algo que, a juicio de los expertos en este ámbito, refleja la existencia de una cierta asimetría en las exigencias de información para la banca respecto de lo que es exigido a empresas de otros sectores, como el tecnológico.  

En materia de sostenibilidad, se pone de manifiesto la implicación de las entidades de crédito en la lucha contra el cambio climático, aunque los especialistas recuerdan que las finanzas sostenibles son sólo uno de los aspectos del nuevo paradigma en el que se encuentra el sector financiero, que se completará con las obligaciones que se incluyan en las reformas pendientes de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría.

Respecto al gobierno corporativo, se advierte la necesidad de fortalecer las líneas de defensa para asegurar el cumplimiento normativo, recordando a los abogados que prestan servicio a las entidades bancarias que deben tener siempre en cuenta la responsabilidad del órgano de administración, sobre el que recae la responsabilidad de impulsar un cambio de cultura en materia de cumplimiento que supere el ámbito legal.

Durante el encuentro se ha constatado también el avance de un euro digital que exige a los abogados analizar y valorar su marco legal y las previsibles consecuencias jurídicas, al no estar exento de riesgos, al igual que la irrupción de otras monedas digitales y, en particular, las CDBC’s.

Finalmente, se ha reivindicado la figura de los profesionales de la abogacía que asesoran y prestan servicios al sector bancario y financiero, a quiénes se debe dotar de todas las garantías para ejercer su función, ya sea como abogados internos o externos. En este sentido, los participantes en el Congreso reivindican la importancia del secreto profesional como uno de los más preciados derechos para ejercer debidamente la función de asesoramiento, en estricto cumplimiento de las normas deontológicas y ajustados al estricto marco del Estado de Derecho.

CONCLUSIONES

1.      El Derecho Bancario es objeto de una intensa regulación desde 2008 que parece no ralentizarse y tiene su origen en los ámbitos internacional, europeo, nacional, autonómico e incluso local. Las iniciativas normativas en marcha, ya se trate de proyectos legislativos específicos, ya de aplicación general, atañen a la industria bancaria y al sector financiero, lo que justifica una continuada actualización y una mayor especialización de los profesionales de la Abogacía.

2.      Las entidades de crédito están especialmente implicadas en la lucha contra el cambio climático, los criterios de sostenibilidad son y serán más exigentes, las finanzas sostenibles son sólo uno de los aspectos del nuevo paradigma en el que se encuentra el sector financiero y se completa con nuevas obligaciones en el informe de gestión y que se plasmarán en anunciadas reformas de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría.

3.      La Prevención de Blanqueo de Capitales se refuerza en la UE, implica y compromete, sin duda, la actividad bancaria pero, por supuesto, también a la Abogacía, con nuevas normas europeas de directa aplicación como el Reglamento de la Autoridad de Supervisión en PBC y el Reglamento de Prevención, sin perjuicio de la obligada trasposición de la Directiva, del requerimiento de la Comisión Europea a la EBA para la clasificación de entidades de crédito y de la unificación de las normas GAFI

4.      El Gobierno Corporativo tiene singularidad propia y transversalidad en el Derecho Bancario, con líneas de defensa que hay que fortalecer para asegurar, en la medida de lo posible, el Cumplimiento normativo, a saber: línea de Negocio, línea de riegos y línea de auditoría interna. El abogado/a interno o externo debe tener siempre en cuenta la responsabilidad del órgano de administración, quien debe propiciar e impulsar el cambio de cultura de cumplimiento, que afecta y debe implicar a toda la estructura, no sólo al ámbito legal ni al de Compliance, a través de la formación y la planificación.

5.      Se constata el avance del proyecto del euro digital que exige analizar y valorar su marco legal y las previsibles consecuencias jurídicas y no pocas novedades en el sistema financiero, que debe ser conocido por la Abogacía y que aborda cuestiones relevantes como la privacidad, las limitaciones legales, los depósitos en el BCE, riesgos y oportunidades para Bancos y consumidores al incidir en economías domésticas y empresariales, y sus enormes consecuencias legales al igual que la irrupción de otras monedas digitales y, en particular, las CDBC’s

6.      La Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades de Capital, la entrada en vigor en 2024 del Reglamento MICA, de DORA, el anuncio del nuevo Reglamento EIDAS2 determina que la tecnología DLT tenga una muy fiable y avanzada legislación que abre indudables oportunidades de negocio en el sector bancario y para la Abogacía, revolucionando no sólo el sector bancario, sino otros como el inmobiliario, logístico, distribución, etc. y en el que la Abogacía afronta importantes retos al exigirse una especialización y constante actualización para prestar un asesoramiento idóneo tanto en cuanto a instrumentos financieros como para servicios en MICA.

7.      La regulación bancaria es, cada vez, más amplia y no sólo hace referencia a cuestiones macroprudenciales para preservar un alto nivel de solvencia, sino que debe incidir en una adecuada gestión de riegos que va más allá de la norma legal (o de las recomendaciones del soft law), si bien parece que existe una cierta asimetría en las exigencias de información para la Banca, respecto de lo que es exigido a otras empresas, como por ejemplo, las Big Tech.

8.      La jurisprudencia derivada del TJUE y las conclusiones de los abogados generales, reafirman los mecanismos de resolución del la UE, en particular en cuanto a las decisiones de la JUR. También desde el TJUE se dictan resoluciones que afectan al ámbito bancario y que siguen avanzando en materia de protección a consumidores, sin perjuicio del gran número de cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españolas.

9.      Las reestructuraciones empresariales se reafirman en la práctica como el modo más eficiente para preservar puestos de trabajo, el tejido empresarial y proteger el interés de los acreedores, con garantías y sin las dilaciones que implican los procedimientos concursales. Los abogados de los acreedores profesionales tienen un papel relevante en especialización y una colaboración con los expertos económico-financieros.

10.    La Abogacía que asesora y presta servicios al sector bancario y financieros debe contar con todas las garantías para ejercer su función, ya sea como abogado interno, ya como externo, siendo el secreto profesional uno de los más preciados derechos que debe preservarse para ejercer debidamente la función de asesoramiento, en estricto cumplimiento de las normas deontológicas y ajustados al estricto marco del Estado de Derecho.