Como hemos visto en la página anterior, las veintidós semanas es el plazo máximo para poder interrumpir el embarazo en los supuestos despenalizados. No obstante, existe una excepción: el aborto podrá practicarse más allá del citado límite en el supuesto de peligro vital o para la salud de la madre, que derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes o que sólo en ese momento lo sea con diagnóstico certero.
Si el feto sufre anomalías incompatibles con la vida, para justificar la interrupción del embarazo se requerirán dos informes: uno que constate el impacto psicológico en la madre y otro que certifique que el feto no sobrevivirá.
La incompatibilidad del feto con la vida deberá ser probada conforme los cánones del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia al respecto.
Equiparar derechos Por tanto, con carácter general no se podrá alegar la existencia de discapacidad (malformación del feto) para interrumpir voluntariamente el embarazo. Según explicó Ruiz Gallardón, el objetivo perseguido es equiparar los derechos de todos los nasciturus, en coherencia con las recomendaciones del Comité sobre derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, "de tal forma que no se cometa algún tipo de discriminación por este motivo".
Gallardón: "No se despenaliza porque le feto tenga problemas"
Según matizó el ministro, "será el hecho de que esa anomalía cause un daño psíquico de la mujer lo que le lleve a la despenalización" y no la circunstancia de que el embrión tenga problemas. "Si esas anomalías causan daño psicológico a la mujer entramos en un supuesto de despenalización pero no consecuencia del embrión, sino de que sus circunstancias generan un daño a la mujer. Si tal daño no existiese, no entraríamos en ese supuesto", concretó.
Asimismo, apuntó que la ley "solamente regula un supuesto específico que son las anomalías incompatibles con la vida", pero no entra en los problemas fetales que puedan causar "efectos en la salud psíquica de la mujer", asunto que "tendrán que apreciar los especialistas. Se evita así establecer distinciones entre malformaciones", algo, según aseguró, "expresamente vetado por Naciones Unidas".
