En la convocatoria de concurso-oposición de 70 plazas de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social no se exige conocimiento en Derecho laboral ni de Seguridad Social La Federación considera que es el primer paso hacia la desprofesionalización de la Administración por dar entrada a funcionarios no preparados para las labores de inspección y seguridad en el trabajo
FEDECA, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, que aglutina a más de 12.000 funcionarios públicos, considera inadmisible la convocatoria extraordinaria que el Ministerio de Trabajo e Inmigración acaba de abrir para el acceso a 70 plazas de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social por lo que ello implica de primer paso para desprofesionalizar la Administración.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración acaba de hacer pública la convocatoria de un concurso-oposición para acceder al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, para la que no se exige conocimiento alguno de Derecho Laboral ni de Seguridad Social, a pesar de que entre las principales atribuciones del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo está precisamente el control de la normativa laboral y de Seguridad Social.
Gerardo Sánchez Revenga, presidente de FEDECA cree que "esta convocatoria es una vuelta más de tuerca para que la Administración Pública, que debe dar el mejor servicio al ciudadano, se desprofesionalice y posibilite la entrada a funcionarios sin conocimientos específicos en una materia tan importante y sensible como es la laboral, la de riesgos laborales y la de seguridad en el trabajo".
En el colectivo de Cuerpos Superiores de la Administración, integrados en FEDECA, esta convocatoria de concurso-oposición extraordinaria de 70 plazas de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha creado un profundo malestar por lo que supone de peligrosa iniciativa que da pie a desprofesionalizar la Administración y que pone en serio peligro su independencia profesional. Todo ello es consecuencia, en opinión de FEDECA, de la carrera vertiginosa que se ha iniciado con los desarrollos estatutarios y por la que el Gobierno necesita sacar plazas de empleo público que puedan ser transferidas a las Comunidades Autónomas.
