La Fiscalía ha pedido 174 años de cárcel para el funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona José Alfonso G. por presuntamente vender datos privados a cambio de una contraprestación económica, según el escrito de acusación.
En la misma causa, una pieza separada de la macrooperación Pitusa desarrollada en mayo de 2012 por la Policía Nacional en toda España, la fiscal solicita 184 años de prisión para el intermediario Tomás R. y cinco años y medio para el funcionario del Catastro de Barcelona Marc D.
La fiscal anticorrupción Teresa Duerto sostiene que José Alfonso G. se encargaba de realizar consultas ilícitas en las bases de datos sobre la vida laboral o situación de afiliación a la Seguridad Social de determinadas personas, por encargo de Tomás R. como intermediario, y luego los datos eran vendidos supuestamente a detectives privados.
Tomás R. también encargaba a Marc D. extraer datos del Servicio de Catastro de Barcelona a cambio de una contraprestación económica, mientras que la detective Sara D. -para quien la fiscal pide cuatro años de cárcel- está acusada de obtener datos reservados a través de Tomás R., que luego transmitía a terceras personas con quien mantenía una relación profesional.
En concreto, la fiscal acusa a José Alfonso G. de 43 delitos contra la intimidad en su modalidad de revelación de secretos y de uno de cohecho continuado; de todas formas, su tiempo en prisión, al igual que el del resto de acusados, no podría exceder el límite que establece el Código Penal.