La huelga de los funcionarios de Justicia deja a siete comunidades sin actividad judicial El retraso acumulado perjudicará el Servicio de Justicia durante años
La huelga que hace un mes y medio iniciaron los 9.500 funcionarios de justicia de siete comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia, además de Ceuta y Melilla) y de los órganos centrales con sede en Madrid (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Fiscalía General del Estado, Registro Civil Central e Instituto Nacional de Toxicología) ha paralizado el cosmos jurídico español. Aunque los jueces, los estrategas del Derecho, se mantienen en sus puestos, los tácticos, esas piezas imprescindibles de la maquinaria judicial -los oficiales, auxiliares y agentes de Justicia- han decidido parar. Y con ellos se ha detenido la tramitación de los procesos, el registro y archivo de documentos, el traslado de las demandas, la notificación de las resoluciones. Con ellos se ha detenido la justicia. Sin sus tácticos, el Derecho está ciego. Y no ve en la oscuridad.
La huelga, para varios especialistas, causará un retraso que ralentizaría las actuaciones judiciales de manera significativa. Y ello se debe a que, pese a las medidas de refuerzo que prepara el CGPJ, el despacho del juez se encarga de poner en marcha la maquinaria de la justicia. Los nacimientos y fallecimientos se inscriben con un considerable retraso. Los juzgados de lo sociales impiden que se lleven a buen término diversos procesos; en el plano de la justicia penal. Sólo los delincuentes en prisión provisional son llevados a juicio. La huelga afectará a los plazos de prescripción y de caducidad, perjudicando a justos e inocentes. Más aún, si con la huelga ya iniciada se dio a conocer la sentencia del TC por el caso Urbanor de los Albertos, que estableció la doctrina de que el cómputo de la prescripción no se interrumpe hasta que el juez actúa y que, por ende, no basta con la presentación de la denuncia.
Aunque los auxiliares, agentes y oficiales son funcionarios de la administración del Estado, algunas comunidades han recibido la transferencia de las competencias en materia de personal de Justicia. Ello implica que tienen las mismas funciones, la misma categoría y una carga de trabajo similar en toda la península, habiendo aprobado la misma oposición. Sin embargo, los salarios son distintos. Varían de comunidad en comunidad. He allí la razón de la huelga.
Los funcionarios reivindican un incremento de 200 euros mensuales en 2008. El Ministerio ofrece 60 euros, otros 50 en enero de 2009 con carácter retroactivo y en abril del año que viene los 70 restantes hasta un total de 180. Sin embargo, el Ministerio vincula el incremento a la colaboración de los trabajadores en la implantación del sistema informático Lexnet y a un control automatizado de los horarios para frenar el absentismo laboral.
Por ahora, las posiciones parecen irreconciliables. Como es obvio, los más perjudicados son los usuarios, que tienen que lidiar día a día con una justicia lenta, paquidérmica, que no responde a los cánones de un país moderno europeo. La solución está en nuestras manos. La sociedad civil tiene que presionar para que espectáculos como éste terminen convirtiéndose en los malos recuerdos de un tiempo insensato en el que la justicia dejó de funcionar.
