España ha avanzado mucho en cuanto a complejidad y sentido de cómo una Administración Pública debe servir a la ciudadanía. Mientras tanto, la Justicia ha ido quedando relegada, al margen de este proceso, una legislatura tras otra. Es un dato incontestable que la Justicia española ha sido postergada dentro del conjunto de los poderes del Estado, pues las inversiones en recursos humanos y materiales, que han sido grandes, no han sido, en todo caso, suficientes. A lo largo de todos estos años, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y sociedad se han instalado en la resignación. El Consejo General del Poder Judicial, que empezó su mandato con el curso escolar prácticamente, ha encarado la reforma del sistema desde el primer momento. A continuación, exponemos los puntos cruciales.
El Consejo General del Poder Judicial, desde el inicio de su mandato, ha sido consciente de que la Administración de Justicia, con su actual estructura y deficiencias, debe mejorar su funcionamiento; con el fin de brindar una mayor garantía de la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce como derecho fundamental de todos los españoles.
Cotidianamente, Jueces y Fiscales, así como funcionarios han ido supliendo las deficiencias estructurales de la Administración con una dedicación encomiable. El nuevo Pleno del Consejo General del Poder Judicial consideró básico, desde el primer momento, impulsar el diálogo con el Gobierno y las Comunidades Autónomas para llevar a cabo la reforma integral de la Justicia, superando, de este modo, la insatisfacción social de la ciudadanía y de quienes sirven a la Justicia.
"Ha llegado el tiempo de la Justicia" afirma el CGPJ, en un documento hecho público ayer mismo. El Consejo es consciente de que no se puede resolver en unos años las deficiencias acumuladas durante décadas. Ve, de todos modos, imprescindible el que la estructura se modernice, y se dote a las sedes de una estructura informática suficiente para trabajar interconectado; para convertirla en un poder más transparente y próximo a los ciudadanos.
El Consejo ve ya urgente un replanteamiento profundo: "nuevas actitudes, nuevas leyes, nuevos medios materiales, nueva organización". Teniendo en cuenta todo ello, el Pleno del nuevo CGPJ se puso manos a la obra desde el inicio al impulso de la reforma de la Justicia; con pleno respeto a las competencias y responsabilidades de otros poderes del Estado.
Desde las competencias propias del Consejo General del Poder Judicial, se están tomando, en la actualidad, las siguientes medidas:
- Selección y perfeccionamiento de jueces y magistrados. En esta materia se trabaja por una mejora de la selección y formación de los miembros de la Carrera Judicial.
- Optimización de la actividad judicial. A tal fin, ya se ha reorientado el trabajo del Servicio de Inspección hacia el diagnóstico de problemas y las propuestas de soluciones procurando la detección precoz de aquellos y la inmediata actuación sobre los órganos judiciales afectados. Dicha tarea se fundamentará en una fiable y actualizada estadística, con suministros de datos en tiempo real. Ven necesario llevar a cabo la elaboración de un sistema de medición de cargas de trabajo de los órganos judiciales, que sustituya al régimen de módulos anulado por el Tribunal Supremo y que se desvincule de los efectos retributivos.
- Estatuto de la Carrera Judicial. Se ve necesario dotar de la mayor transparencia y objetividad la provisión de destinos y los nombramientos discrecionales, así como la promoción de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de responsabilidad.
Además, el Consejo entiende que debe abordar un programa de protección social del juez que regule asuntos tan importantes como la necesidad de conciliación de la vida laboral y familiar de jueces y magistrados, los seguros médicos y de responsabilidad civil, el sistema de prevención de riesgos laborales, jubilación y vacaciones entre otros. Todo ello dirigido a facilitar que los miembros de la Carrera Judicial puedan emplear todas sus facultades en garantizar la tutela judicial efectiva con la necesaria adecuación de las prestaciones sociales a su responsabilidad.
Sigue pendiente el abordar con racionalidad y oportunidad la fijación de unas retribuciones dignas (y acordes con la relevante función constitucional que jueces y magistrados tienen encomendada.
