Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso que contiene una batería de propuestas de reformas legales y medidas concretas para hacer frente a la corrupción urbanística.
Dentro del primer grupo se plantea la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos de esta índole, así como el endurecimiento del régimen de incompatibilidades de cargos públicos de las distintas administraciones vinculados con la planificación del territorio y las infraestructuras.
IU estima que estas reformas legales deben completarse con un nuevo proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales "que garantice el principio de suficiencia financiera" y una reforma de la Ley Electoral "con el fin de apartar cautelarmente de las instituciones a quienes sean procesados por delitos de corrupción".
Llamazares plasma así en esta iniciativa parlamentaria el conjunto de propuestas presentadas al resto de formaciones políticas con anterioridad a las pasadas elecciones municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008.
A este respecto, IU lamenta que éstas no obtuvieron respuestas dado que las dos formaciones mayoritarias -PSOE y PP- prefirieron "utilizar este tema como arma arrojadiza de carácter electoral con acusaciones mutuas de los casos en los que estaban implicados cada uno antes de estudiar o adoptar soluciones prácticas".
Entre las medidas concretas que aporta IU está el impulsar un 'Código Ético de conducta del cargo público' que suscriban todas las formaciones y con el compromiso de denunciar ante la Fiscalía "cualquier dato de corrupción que conozcan y a separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción".
Además, las propuestas contenidas en la iniciativa parlamentaria incluyen también el incremento de los recursos materiales y humanos de las distintas Fiscalías de tribunales autonómicos que se ocupan de estos delitos, la reforma de la Agencia Tributaria para que haya una mayor dedicación a la prevención del fraude fiscal, o la creación de dos registros públicos: el de recalificaciones de suelo y el de tenedores de billetes de 500 euros.
Todo ello se completa con el impulso a las "medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo frente a la especulación y la corrupción" o el refuerzo del Pacto Antitrasfuguismo para "velar por el cumplimiento del compromiso de no formar gobiernos municipales o autonómicos con quienes hayan abandonado sus respectivas formaciones políticas firmantes".
