Los tambores de guerra de la carrera judicial contra el Ministerio cada vez suenan más lejanos. Caamaño ha logrado empezar a limar las asperezas que, con Bermejo al frente del Departamento, eran enormes. En este sentido, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un plan de trabajo consensuado con las cuatro asociaciones judiciales más representativas, girando los esfuerzos sobre los derechos del ciudadano, la modernización organizativa y tecnológica; y el estatuto y modelo de juez.
Tal y como ya habíamos anunciado la distancia entre unos y otros diminuye a buen ritmo. Cuando el Ministro de Justicia, en su comparecencia del pasado mes de marzo ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, invitó a las fuerzas políticas a sumarse a la consecución de un gran Acuerdo Social por la Justicia, animó, además, a la participación de instituciones relevantes, los operadores jurídicos y, por supuesto, la sociedad civil. Poco a poco se va logrando, como demuestra, en este momento, el clima existente con los jueces.
El Ministerio valora muy positivamente el clima de trabajo logrado, y se congratula de los resultados de esta primera fase de consultas, terminada ayer, y los califica de muy satisfactorios en conjunto.
En la reunión celebrada ayer entre Ministerio y jueces, se pudo llegar a varios acuerdos, que se concretarán en medidas. La primera permitirá a jueces y magistrados en excedencia voluntaria por cuidado de hijos o familiares la posibilidad de participar en los concursos ordinarios de traslados. La segunda propuesta, relativa a la provisión de plazas en las Audiencias Provinciales, supone la supresión del cómputo por mitad de la antigüedad para los miembros que hubieran servido en órganos mixtos.
Lo cierto es que las reuniones mantenidas durante los meses de abril y mayo, en las que también ha habido vacíos de diálogo, han facilitado una comunicación que antes estaba llena de problemas. En dichos encuentros se han abordado múltiples aspectos de clara incidencia en el mundo judicial. Entre las cuestiones tratadas, se ha llegado a un acuerdo para aproximar el estatuto de los jueces a la función pública. También se ha acordado suprimir el traslado forzoso por motivo del ascenso de juez a magistrado, cosa que era una de las inquietudes principales de las asociaciones judiciales; de cara a dar mejora decisiva para conciliar la vida familiar y profesional de este colectivo profesional.
Otra de las cuestiones acordadas es la creación de la figura del juez de adscripción territorial, cuyo objeto es reducir la justicia interina y favorecer la atención de los juzgados y tribunales por jueces y magistrados de carrera. Del mismo modo, se han mejorado aspectos como el de la articulación de la función judicial en materia de los señalamientos, con la gestión por parte de los Secretarios Judiciales de la Agenda de Señalamientos.
Asimismo, se sigue trabajando en el desarrollo de un paquete de medidas de agilización procesal que permita reducir el volumen de asuntos, favoreciendo que nuestros tribunales respondan con mayor celeridad a las demandas de los ciudadanos.
