La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, aseguró hoy que el deseo de la Comunidad de Madrid es que el Tribunal Supremo sentencie «lo antes posible» y fije una doctrina para actuar con los alumnos que objeten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en los centros madrileños, que el próximo curso tienen que impartirla obligatoriamente en 2º y 4º de la ESO.
"Todos esperamos que ahora mismo, el Tribunal Supremo, que es quien tiene que fijar doctrina, sentencie lo antes posible para acabar con las incertidumbres que están afectando a todas las comunidades autónomas y a todos los centros educativos", señaló Figar, quien aseguró que dicho retraso "está creando un malestar a los equipos educativos y a familias".
En este sentido, apuntó que en base a las sentencias que ya ha habido en otros Tribunales de Justicia como el de La Rioja o Andalucía, "donde se les ha reconocido ese derecho", la Comunidad va a cumplir con la obligación de ofrecer esa asignatura al mismo tiempo que respetará los derechos de las familias objetoras.
Así, aseguró que la Consejería está en contacto con las plataformas de los padres objetores y que los colegios madrileños conocerán antes de que empiece el curso, el próximo 15 de septiembre, qué hacer con los alumnos que no quieran cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. "Haremos una comunicación a los centros educativos antes de que empiece el curso sobre esta cuestión y sobre cómo tienen que actuar", señaló.
Por otro lado, garantizó la atención de los niños objetores durante la hora que el resto de alumnos estén dando la asignatura. "Los alumnos no podrán salir de los centros educativos durante esa hora, tienen que seguir ahí", explicó, al tiempo que reiteró que los colegios e institutos "serán los responsables de garantizar la adecuada atención educativa".