En una sociedad interconectada, la Justicia no puede permitirse el lujo de estar al margen. E-Justice, en el seno de la Unión Europea, ofrece soluciones innovadoras a través de la integración de las TIC y la biometría en los procesos jurídicos en territorio comunitario. También ofrece soluciones para los procedimientos transfronterizos, como la orden de detención europea y la Asistencia Judicial Europea, con el apoyo de la Red Judicial Europea y Eurojust. Ayuda, por ello, a crear una mejor justicia en toda la UE, el fortalecimiento de su papel más amplio y el impacto internacional.
Los ministros de Justicia de los países miembros de la UE han valorado recientemente los avances que se han alcanzado en el ámbito de la E-Justice. Por el momento, se está prestando mucha atención al reconocimiento mutuo de decisiones en el ámbito penal.
El Plan de Acción en materia de E-Justice 2009-2013, aprobado en 2008, marcaba como objetivos para antes del fin de este año, la interconexión de registros de antecedentes penales, la puesta en marcha del portal E-Justicia, la incorporación del uso de la videoconferencia y su uso por parte de los órganos judiciales, y la interconexión de los registros de insolvencia.
La Presidencia checa anunció ayer que a mediados del próximo mes de diciembre entrará en funcionamiento el portal E-Justice, a través del cual se podrá acceder a los distintos servicios, nacionales y comunitarios. Además, la videoconferencia, una de las prioridades de la presidencia checa en el ámbito de la E-Justice, ha sido analizada en un documento sobre su política de uso en el ámbito judicial, los principales problemas que hay que superar para extender su uso y su aplicación por parte de los órganos judiciales.
Por último, los ministros de Justicia de la UE han elaborado una serie de conclusiones referidas al establecimiento de un marco común de referencia para el derecho contractual europeo. Se trata de analizar la legislación contractual de los 27 estados miembros para extraer una serie de principios y normas tipo no vinculantes, que facilitaran la homogeneidad y la congruencia de los actos legislativos comunitarios. Es decir, es una herramienta, no vinculante, a la que el legislador comunitario puede recurrir para guiar sus propuestas.
