Meter a la Administración en el juzgado” siempre ha sido algo no muy seguro. Las más de las veces, el ciudadano se enfada, pone una queja al servicio correspondiente, y poco más. A pesar de ello, la litigiosidad que registran las sedes de lo Contencioso es desmesurada. ¿Tan mal lo hace la Administración?, ¿tan enfadadizo es el español?, ¿tan lentos son los juzgados?. El Defensor del Pueblo está intentando dilucidar todas estas preguntas.
El Defensor del Pueblo ha sacado su informe anual referente a 2008, tal y como comentamos ayer. A través de las quejas recibidas en ese año, por parte de los particulares, se ha podido conocer la saturación de trabajo que actualmente afecta a la generalidad de los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
En algunos de ellos, según se afirma en el propio informe, se señala como fecha para la celebración de la vista hasta dos años después de haber admitido a trámite el recurso.
En tal sentido, se han recibido quejas referentes a Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid y Valencia. Esta situación se debe fundamentalmente a las nuevas competencias asumidas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.
Entre las modificaciones más relevantes que repercuten en el número de entrada en asuntos están la impugnación de los actos de las entidades locales y corporaciones dependientes, en la eliminación de las restricciones materiales al conocimiento de la impugnación de sanciones, en la materia de extranjería, y en las nuevas competencias sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.
Durante los años 2005 y 2006, analiza el informe, el incremento en la entrada de asuntos ha superado con mucho la litigiosidad de años anteriores.
Los niveles de ingreso de asuntos quedan muy lejos de las cifras que son asumibles, incluso en los parámetros de un rendimiento extraordinario de los magistrados.
