Esta semana se han hecho públicas las Conclusiones del Consejo de Europa de 27 de noviembre del año pasado relativas a una estrategia de trabajo concertada y a medidas concretas contra la delincuencia informática. En ellas destaca la petición de colaboración del sector privado, a la cual se hace referencia desde hace varios meses, según nos hemos ido haciendo eco en Legal Today.
El Consejo mantiene que debería animarse a las autoridades y al sector privado a intercambiar información operativa y estratégica para consolidar su capacidad de descubrir y luchar contra nuevas clases de delincuencia informática. Considera que es importante luchar contra la delincuencia organizada en sus diferentes componentes e invita a los Estados miembros y a la Comisión a establecer una estrategia de trabajo concertada, teniendo en cuenta el contenido del Convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa.
La finalidad de dicha estrategia debería ser permitir enfrentarse aún con mayor eficacia a las múltiples actividades delictivas cometidas con ayuda de redes electrónicas. Estas adoptan formas tan preocupantes como la pornografía infantil, violencia sexual y terrorismo.
Asimismo, invita a las autoridades a informar a los proveedores de servicios sobre las tendencias de la delincuencia informática. En especial, el Consejo alentará a los Estados miembros a que creen un sistema normalizado para el intercambio de información operativa y estratégica de confianza entre las autoridades y el sector privado. El contenido esencial de dicho sistema debería incluir puntos de contacto permanentes. Dichos puntos de contacto permanentes de las autoridades públicas deben establecerse para mejorar la claridad y la eficiencia de los procesos de solicitud y respuesta. El equivalente en el sector privado debe facilitar también un servicio después de las horas de trabajo para responder a las solicitudes urgentes de intervención. La calificación de "urgente" debe acordarse entre las autoridades y el sector privado.
El Consejo alienta, además, a las autoridades y al sector privado a que se ayuden entre sí a través de la enseñanza, la formación y otros apoyos en sus servicios y operaciones. Para ello, anima a que se confeccione un formulario normalizado de solicitud a nivel nacional, y, si es posible, intercambiable con terceros países. Por otra parte, insta a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a los interesados del sector privado a que faciliten el intercambio de las "mejores prácticas".
A corto plazo, se propone:
- Crear una plataforma europea de denuncia de hechos de naturaleza delictiva cometidos on line.
- Hacer, tras consulta con los operadores privados un modelo de acuerdo europeo para la cooperación entre los servicios policiales y las empresas.
- Elaborar una descripción minuciosa de lo que se entiende por usurpación de identidad en Internet, de conformidad con las legislaciones nacionales.
- Crear marcos nacionales de intercambio de las mejores prácticas relativas a las patrullas informáticas, instrumento moderno de lucha contra la delincuencia en Internet, facilitándo así compartir la información sobre seudónimos a nivel europeo, de conformidad con las legislaciones nacionales sobre el intercambio de datos.
- Resolver los problemas planteados por la itinerancia en las redes electrónicas.
