La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) , la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han aplazado la huelga convocada a partir del 16 de mayo.
La Asociación Profesional de la Magistratura se ha decantado a laespera de los avances que se produzcan en la Mesa de Retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial. En un comunicado, esta asociación señala que la oferta sigue siendo insuficiente y que se debe avanzar en la adecuación de los grupos de población, en el incremento del pago de los trienios y de las guardias y en otras cuestiones que afectan a la propia estructura de sus retribuciones.
La opción del 22 de mayo
Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han informado de su decisión después de que antes de ayer Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación de Fiscales (AF) apostaran por retrasar la fecha.
La propuesta del Gobierno
La oferta inicial del Gobierno de 44 millones de euros paliaría en un 6 % la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que ha sido cercana al 20 %. Sin embargo, en una segunda reunión, desde el Ejecutivo se incrementó en dos millones de euros su propuesta original. Esta segunda oferta a los representantes de los cerca de 5.600 jueces y de los fiscales que hay en España se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales y hasta 490 euros para los fiscales de segunda categoría y de 450 euros para los fiscales de tercera categoría.
La amenaza de huelga coincide con el atasco en los juzgados tras la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que causó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias.
