Santiago del Valle estaba libre pese a que sobre él pesaban dos condenas firmes de cárcel por abusos sexuales a menores —a su hija y a otra niña de 9 años—. Finalmente, fue detenido la semana pasada al ser considerado el presunto asesino de Mari Luz, la niña de 5 años que desapareció el 13 de enero y que más tarde fue hallada muerta. Las consecuencias que ha suscitado este caso no se han hecho esperar, como tampoco las reacciones en el ámbito de la Justicia y el Derecho.
Desde 2002, cuando Del Valle
fue juzgado por los abusos a su hija, el pederasta ha estado localizable por la
policía, pero una cadena de despropósitos y negligencias ha permitido que
continuara en la calle haciendo de las suyas.
Rafael Tirado es el juez de lo Penal de Sevilla que no ejecutó la condena de cárcel contra Del Valle. El Consejo General del Poder Judicial inició una investigación que podría concluir con la decisión de apartarlo de la judicatura. Tirado señaló que el error se debió a la baja de 5 meses de una funcionaria de Justicia que no tramitó debidamente el ingreso en la cárcel de Del Valle.
Estudiarán las responsabilidades penales de los pederastas
La Fiscalía General del Estado pretende impedir que se repita un caso como el de Mari Luz Cortés. En tal sentido, Cándido Conde-Pumpido ordenará que se constituya una comisión para que estudie y proponga en un plazo breve medidas de control para garantizar las responsabilidades penales de los delincuentes sexuales.
Esta comisión deberá examinar las propuestas que puedan surgir con el fin de establecer las medidas que deben adoptarse, sean éstas legislativas, de mejora de los registros judiciales o de control de las ejecutorias de condena de este tipo de delincuentes.
El objetivo del proyecto radica en reforzar los controles para evitar que fallos humanos como los que se han producido en el caso de Mari Luz lleguen a generar unos resultados tan dramáticos como mortales.
Las conclusiones a las que llegue esta comisión serán elevadas al fiscal general del Estado, quien se las transmitirá al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial.
Registro público de pederastas
Una vez detectado el error de la administración, se ha propuesto crear una base de datos centralizada con resoluciones y medidas judiciales sobre personas que hayan cometido abusos sexuales. Sin embargo, ya se ha planteado el debate de si este registro atenta contra diversos derechos constitucionales, como el de la intimidad.
Cabe distinguir entre una base de datos para que jueces, fiscales y fuerzas de seguridad tengan acceso a información crucial, y la creación de un registro de pederastas de carácter público, como algunos expertos solicitan. "Tendría que ser una base de datos de acceso restringido a gente que pueda tener un interés legítimo; la publicidad de estas listas sería contraria a la Constitución", señaló a El País el portavoz de Jueces para la Democracia y juez de la Audiencia de Vitoria, Jaime Tapia.
Juzgados aislados
Lo que caracteriza a la lista de errores en el caso Del Valle es la falta de comunicación entre los diferentes juzgados por los que había pasado el pederasta. Ninguno de los jueces ni funcionarios de Justicia pudo contrastar si esa persona tenía antecedentes por pederastia y si se había dictado sentencia al respecto. La pregunta es: ¿no había forma de acceder a través de un ordenador a una base de datos a nivel nacional que pudiera brindar dicha información? La respuesta es trágica: No. El único registro al que un juez tiene acceso de forma inmediata desde su ordenador recoge únicamente a delincuentes con sentencia firme.
Zapatero quiere llegar al fondo del asunto
El pasado sábado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó por teléfono al padre de Mari Luz, Juan José Cortés, para darle las condolencias por la muerte de su hija. Cortés aseguró que Zapatero le prometió "depurar todas las responsabilidades" por la cadena de errores judiciales que permitieron a Del Valle eludir la cárcel durante seis años y perpetrar presuntamente el asesinato de Mari Luz.
"Me prometió llegar al fondo de la investigación y reconoció que en un país como España no se podía permitir que se cometieran errores como éstos", señaló el padre de Mari Luz. "Me dijo que estuviese tranquilo, que todo se iba a aclarar", añadió.
¿Endurecer las penas?
Ante una retahíla de errores
como la que hemos contemplado, es normal que la sociedad civil exija que se endurezcan las penas contra los
pederastas. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique
López, defendió el encaje constitucional de la cadena perpetua siempre que
exista un juicio de revisión: "Hay que medir no sólo la culpabilidad, sino
también el grado de peligrosidad a la hora de reincidir y hasta que esto no lo
asumamos sin tapujos no estaremos acertando".
Sin embargo, esta idea no es apoyada por la mayoría de los magistrados, quienes entienden que antes de revisar el Código Penal, urge solucionar los problemas de administración. Otro debate planteado es qué debe suceder con un pederasta que cumplió su pena pero tiene un alto riesgo de reincidir. Se trata de otra cuestión no resuelta y sobre la cual tampoco hay una opinión consensuada hasta el momento, aunque probablemente será un tema de discusión central para la comisión que propone Conde-Pumpido.
