A lo largo del día de ayer se celebraron numerosas Juntas de jueces en las que ganó, en la mayoría de los casos por amplía mayoría, la opción de convocatoria de una jornada de paro y protesta para el próximo 18 de febrero, como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial acepten sus reivindicaciones, que pasan por la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, mantener el control de la agenda de los señalamientos en la nueva Oficina Judicial, modificaciones retributivas e independencia frente a la política.
El Ministerio de Justicia mantiene abiertos todos los cauces de diálogo con los jueces a través de las asociaciones judiciales que les representan tras un día histórico en la judicatura española. Efectivamente, las Juntas de jueces convocadas respaldaron, en ocasiones con una abrumadora mayoría, lo propuesto hace sólo unos días por las asociaciones de jueces y magistrados.
El Ministerio, a pesar de la postura inicial, ha afirmado su intención inequívoca de alcanzar los mayores puntos de acuerdo posibles en reuniones fijadas con las asociaciones que se celebrarán, respectivamente, los próximos días 26 y 28 y a las que asistirá el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Historia de la huelga de jueces
Centenares de jueces de toda España llevan desde los últimos meses comunicándose entre sí por medio de sus canales internos en Internet respecto a la posibilidad de llevar a cabo medidas de protesta, tras las críticas vertidas por el Gobierno a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez Rafael Tirado.
Las cuatro asociaciones de jueces españolas -Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura- acordaron la pasada semana proponer la realización de protestas aún por definir, aunque serán de baja intensidad del tipo de concentración o manifestación pública con el fin de hacer patente su malestar por la falta de medios. Con esta iniciativa, pretenden evitar que el próximo 26 de junio los jueces españoles vayan a la huelga. Consideran que antes de llegar a una medida tan extrema como la huelga, que sería la primera que celebran los jueces de la historia, y acerca de la cual se ha planteado la controversia de si es posible o no, debe darse una oportunidad al Ministerio de Justicia y al Consejo para que avancen en un plan de mejora y modernización de la Administración de Justicia. Si estos avances no se producen, propondrían ir a la huelga el próximo junio.
