Un ciudadano resultó sancionado con una multa impuesta por obstrucción de la actuación inspectora tributaria. En primer lugar realizó un recurso de reposición debidamente argumentado ante la sanción. Al ser este desestimado, y realizar una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) lo hizo sin presentar alegaciones. El TEAR desestimó la reclamación por considerar que sólo se había interpuesto el recurso pero que no no se habían realizado alegaciones.
El Tribunal Constitucional considera que se produjo una interpretación excesivamente rigorista del ordenamiento, contraviniendo el carácter de la propia ley reguladora. Considera por tanto que se cercenó con ello injustificadamente el derecho fundamental de la demandante a que un órgano judicial conociera y resolviera en Derecho la pretensión a él sometida.