El III Congreso Aranzadi Social, que continúa hoy, reúne en Madrid a los principales implicados en la reforma laboral en pleno debate de las enmiendas en la Comisión del Parlamento.
Mientras que la Comisión de Empleo y Seguridad Social ultimaba la reforma laboral a través de la discusión de las enmiendas presentadas por los partidos políticos, en el III Congreso Aranzadi Social se discutía los principales puntos clave de esta reforma. Un foro que, como aseguró Mercedes Lanza, abogada de Lanza Abogados, "sirve de foro de debate para compartir dudas".
El papel de los jueces y la supresión de los salarios de tramitación fueron los dos puntos clave que concentraron el debate. A ellos se refirió la magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Rosa María Virolés, quien reivindicó el papel de los jueces en materia laboral aun cuando la reforma haya clarificado las causas objetivas del despido o haya dejado más margen de discreción a los empresarios. Sin embargo, en su opinión, siempre va a haber espacio para la interpretación y el control del juez porque, de otro modo, añadió, "¿cómo se va a dictar una sentencia sin control judicial?".
A este mismo aspecto se refirió la también magistrada del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, quien señaló puntos de conflictos y en los que aún cabe la interpretación judicial, como es el caso de a partir de qué momento se computan los 90 días que permiten contar los despidos para considerarlos colectivos, la clarificación del concepto de "pérdidas previstas" o, si por ejemplo, la externalización es causa de despido objetivo o no.
Los salarios de tramitación, a debate
Más polémica resulta sin embargo la supresión de los salarios de tramitación en la actual reforma laboral. A ello se refirió la magistrada Rosa María Virolés quien se mostró muy crítica con dicha medida dado que considera "que esto sólo va a perjudicar al trabajador". En ese sentido, señaló que "se ha creado un nuevo despido exprés, porque se despide pero no se da la indemnización, porque el empresario puede esperar hasta que haya sentencia, dado que no hay salarios de tramitación" lo que provocará, además, "que el trabajador opte por no recurrir".
Unido a esta cuestión, se debatió durante el III Congreso Aranzadi la reciente sentencia del Tribunal de lo Social número 2 de León, quién en sentencia de 20 de febrero, negó el pago de los salarios de tramitación por entender que la reforma entraba en vigor al día siguiente y por tanto, afectaba a la sentencia dado que se trata de una norma sustancial y no meramente procesal. Sin embargo, la magistrada se mostró contraria a dicho criterio y adelantó que, aun cuando es necesario una discusión al respecto, el criterio de los tribunales deberá ser el de que el despido marca la norma a aplicar, y no la fecha de la sentencia.
Otros temas polémicas
Junto con estas cuestiones, se debatieron también otras cuestiones ligadas a la reforma laboral, como la fiscalidad que la va a acompañar, o la nueva regulación de los ERES. Respecto de esta última cuestión, Braulio Molina, socio de Garrigues Abogados, sentenció que "va a haber un claro incremento de la conflictividad judicial en tanto que ya no hay necesidad de una autorización judicial". Por su parte, el objetivo de la "flexiseguridad" centró la atención de Antonio Sempere, coordinador del área laboral de Gómez-Acebo&Pombo, quién señaló que "flexibilidad y seguridad son una pareja inseparable: lo uno sin lo otro queda en desequilibrio".
En definitiva, puntos aún polémicos y abiertos a un debate que continuará hoy con magistrados y abogados, que hilarán la aplicación práctica de esta nueva reforma laboral.
