Las principales asociaciones de jueces no ven sancionable la presunta conversación que mantuvo la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, con una abogada a la que podría haber asesorado sobre un tema relativo a su separación, según publica ‘ABC’ en su edición de hoy. Los jueces manifestaron que la presidenta debería desempeñar su cargo «con una cautela extrema», aunque piden «distinguir entre una asesoría y un consejo personal».
La juez de Valdemoro (Madrid) que investiga a la interlocutora de Casas en dicha conversación elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo por si de esta escucha realizada en el marco de la investigación por el asesinato del ex marido de esta abogada- podría derivarse alguna responsabilidad de la presidenta del Constitucional en un delito de asesoramiento ilegal.
Fuentes del alto tribunal señalaron que hoy llegó a la mesa del ponente de este procedimiento, el magistrado Manuel Marchena, un informe en el que la Fiscalía se opone a calificar de delictiva dicha conducta, por no cumplir los requisitos del delito de asesoramiento ilegal (artículo 441 del Código Penal), penado con multa e inhabilitación. La resolución del Supremo se dará a conocer en los próximos días.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, Antonio García, recordó en declaraciones a Europa Press que "un presidente del Tribunal Constitucional es una persona que se debe conducir con una cautela extrema y, siendo esto así, no es muy lógico que esté atendiendo consultas de una letrada sobre como se interpone mejor un recurso ante un juzgado de familia".
Según el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "el cargo de magistrado es incompatible con cualquier tipo de asesoramiento legal". Del mismo modo, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que los magistrados de esta institución "deben ser cesados si incurren en cualquier tipo de incompatibilidad sobrevenida".
"Esa no es la tarea de una presidenta del TC ni lo será nunca", indicó García, quien añadió que María Emilia Casas "debería explicar el incidente". No obstante, desestimó hacer más "valoraciones de tipo jurídico o político" ya que, según dijo, "la causa ya está sometida al conocimiento del tribunal competente".
"Hay un testimonio que fue remitido al Tribunal Supremo y será el Tribunal Supremo quien tenga que pronunciarse sobre si lo que hizo la presidenta es merecedor de algún tipo de reproche penal, que no parece que lo merezca", explicó.
"NO ES TAN GRAVE"
En ese sentido, el portavoz de la APM también expresó que el hecho "no es tan grave como para montar ahora un cisco impresionante". "Conocemos lo que dice la ley Orgánica del Poder Judicial, conocemos lo que dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero desde la APM no queremos entrar en polémicas que contribuyan a deteriorar la imagen de una institución bajo mínimos en los últimos tiempos", sentenció.
Por su parte, el portavoz de la progresista Jueces para Democracia (JpD), Jaime Tapia, declaró que "hay que saber distinguir entre una asesoría y un consejo a una persona amiga que en un momento dado pide una opinión personal".
A su entender, eso es lo que ha sucedido con la presidenta del TC por lo que manifestó su opinión de que Casas no incurrió en "ninguna acción sancionable". "Otra cosa hubiese sido que hubiese tenido una suerte de asesorías para uno o varios abogados", matizó.
"Cuando la ley habla de sancionar el asesoramiento, yo creo que no es a esto a lo que se refiere", reincidió Tapia quien, no obstante, valoró positivamente la posibilidad de que Casas diese explicaciones sobre el incidente, pero entendería que no lo hiciese para "evitar enturbiar más la situación o ejercer algún tipo de presión a la decisión judicial".
En la misma línea, desde la asociación Francisco de Vitoria (FdV), Lorenzo del Río, manifestó que "una cosa es lo de asesorar en cualquier tipo de pleito sea o no remunerado y otra cosa es dar un consejo". "La situación sería grave si hubiese ido más allá de una conversación personal", concluyó.
