La jornada del 25 de noviembre, declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, constituye un referente obligado para la renovación de las obligaciones que los Poderes Públicos, colectivos, instituciones y ciudadanía tienen para conseguir la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los nuevos instrumentos legales con que se cuenta, que abordan de forma novedosa el tratamiento integral contra la violencia de género, siendo necesarios y útiles para enfrentarse a esta lacra social, no pueden ser por sí solos suficientes para conseguir nuevos modelos de relación entre hombres y mujeres.
Por ello, el Observatorio contra la Violencia Doméstica anima a la participación activa de todos en la llevada a cabo de una sociedad democrática durante cada uno de los días del año. Ayer mismo informábamos, en este sentido, acerca de los dispositivos de detección de proximidad de condenador por maltrato.
Transcurridos ya los tres primeros años de plena vigencia de la Ley Integral, las evaluaciones efectuadas sobre el grado de implementación de las medidas introducidas por ella ponen de relieve, en primer término, que se trata de una ley de largo recorrido, a la que no se pueden exigir resultados inmediatos importantes, en términos de reducción sustancial de la violencia, que no se han exigido nunca a otras leyes. En segundo lugar, que no caben triunfalismos cuando nos referimos a una lacra social de profundas raíces en todas las sociedades que, por ello, golpea incesantemente a las mujeres. De éstas, sólo un pequeño porcentaje decide dar publicidad a la situación de violencia en la que viven, permitiendo la activación de los recursos sociales creados para posibilitar la salida del círculo de la violencia y la respuesta de la Administración de Justicia.
Durante los tres primeros años de vigencia de la Ley Integral se han dictado más de 80.000 sentencias condenatorias contra maltratadores y se ha dictado alrededor de 100.000 resoluciones adoptando medidas cautelares de protección a las víctimas. Estas cifras, que revelan que el sistema de justicia penal responde en la actualidad con mayor eficacia contra este tipo de violencia, no pueden impedir, sin embargo, valorar que se requiere un nuevo impulso para implementar y desarrollar todas las medidas introducidas en la ley para procurar una mejor atención a las víctimas y una mayor eficacia en la respuesta frente a la violencia.
En este sentido, la mejora de la formación especializada de todos los colectivos llamados a responder, de una forma u otra, frente a la violencia de género, alcanzando la efectiva especialización a la que aspira la Ley; la creación de nuevos Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer, agrupando, en su caso, dos o más partidos judiciales, dotados de todos los medios previstos por el legislador, de manera que se garantice la atención inmediata y especializada de todos los asuntos relacionados con la violencia de género que afloran a los Juzgados; la generalización e implantación en toda España de las Unidades de Valoración Forense Integral, dotadas efectivamente de los diferentes profesionales con la formación específica que deben integrarlas, de manera que puedan efectuar el diagnóstico de la violencia de género y la valoración de la situación de riesgo de las víctimas; el efectivo control de cumplimiento de las medidas judiciales de protección acordadas, a través de dotaciones policiales suficientes y de los mecanismos electrónicos que resulten precisos para facilitar el control policial o la generalización de programas de rehabilitación de los condenados por delitos vinculados con la violencia de género, siguen siendo retos, junto con el de alcanzar la efectiva recuperación de las víctimas, que debemos superar todas las instituciones implicadas en la erradicación de la violencia machista.
La fecha de 25 de noviembre, en este sentido, constituye un referente en el que renovar el compromiso de desarrollo de medios y mejora de la coordinación que redunden en una mayor confianza de las víctimas en la Administración de Justicia y en la de todos los Poderes Públicos, que aproxime la conquista de una sociedad democrática en la que se garantice el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres.
