Los representantes de Banesto en el consejo de administración de Aguas de Fuensanta Pedro Pablo Arechabaleta y Federico Marco han defendido ante el juez que la compra en 1999 del 45,3% de la empresa por Banesto a la familia de Rodrigo Rato fue «una buena inversión y lo sigue siendo».
Ambos han declarado como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, en la causa que investiga un presunto pago "sobrevalorado" de dicha participación, por la que Banesto pagó 6 millones de euros a la familia Rato a cambio de un supuesto "trato de favor", según mantienen los querellantes.
Arechabaleta y Marco fueron las personas que Banesto situó en el consejo de administración de Aguas de Fuensanta tras la compra del 45,3% en enero de 1999 y que continúan representando a la entidad en el consejo.
Ambos confirmaron que el banco "nunca ha tenido una participación de control" en la empresa y que ellos no intervinieron "ni en la decisión de comprar ni en la determinación del precio a pagar", según fuentes jurídicas.
Arechabaleta explicó que antes de la adquisición hizo una valoración del 45,3% de Aguas de Fuensanta basada en el descuento de flujos futuros que situó el valor de la participación entre 3,6 y 5,4 millones de euros. Los consejeros se negaron a responder a las preguntas de la acusación particular.
Los próximos en declarar como imputados el próximo día 12 de junio serán los ejecutivos de Banesto que firmaron el contrato de compra de la participación de Aguas de Fuensanta en nombre de la entidad, Manuel Gil de Santivañez y Tomás Santoro.
Éstos serán los últimos imputados en comparecer después de que hayan pasado ante el juez los 13 restantes. Entre ellos se encuentran el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, su hermano y segundo accionista de Bankinter, Jaime Botín, el consejero delegado del banco Santander y ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, y el vicepresidente tercero de Santander y consejero de Banesto, Matías Rodríguez Inciarte.
La defensa de los ejecutivos de Banesto mantiene que la adquisición de la participación en Aguas de Fuensanta fue para "evitar la ejecución" de un crédito contraído por la familia Rato con Banesto, durante la época de Mario Conde, y que ni la entidad ni sus defendidos "salieron beneficiados" de la operación.
