Ha sido aprobado un Real Decreto Ley que prevé la puesta en funcionamiento de la Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos, organismo que velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios frente a las compañías suministradoras de energía. Tendrá funciones de informar y atender acerca de productos energéticos, resolver las controversias que pudieran surgir entre los operadores del sector de la energía y sus clientes e informar al Gobierno sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios al respecto; además de proponer las mejoras legislativas oportunas en cada momento.
Dicha Oficina servirá para mejorar la protección de los derechos de los consumidores frente a las compañías encargadas del suministro de energía, contribuirá a mejorar la calidad del servicio que prestan y redundará en una mayor competencia en el sector energético. El formato y contenidos previstos en el Real Decreto están inspirados en la británica Energywatch, que desde hace tiempo representa los intereses de los consumidores británicos de gas y de electricidad con resultados positivos.
Se ha hecho necesario el organismo por los efectos del proceso de liberalización del sector energético y la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso que profundizará en la liberalización del sector eléctrico; de manera que sólo los consumidores con una potencia reducida podrán acogerse a las Tarifas de Último Recurso en los términos exigidos por la normativa comunitaria en la materia. Por lo tanto, se ha visto oportuna, con carácter previo a la aplicación efectiva de dicho marco, una oficina de información, atención y arbitraje para el consumidor de productos energéticos.
Adicionalmente, la creciente demanda por parte de los consumidores de mayor transparencia, claridad e información en la facturación exigía adoptar las medidas orgánicas y funcionales necesarias para la protección de todos ellos.
En consecuencia, y dada la experiencia de la Comisión Nacional de Energía en la supervisión de los mercados y en la resolución de conflictos entre agentes; y teniendo en cuenta la especialización propia de la materia, el Gobierno ha puesto en marcha de inmediato esta Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos en el seno de la Comisión Nacional de Energía.
