“Lo que más pena me da es que por el adelanto electoral no salgan adelante tres leyes fundamentales: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Mediación y la Ley de Tribunales de instancia”. Así lo ha declarado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en un desayuno celebrado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) en el que ha hecho repaso de las dos legislaturas socialistas y su gestión al frente del Ministerio.
Según el ministro lo que más lamenta es que se han quedado tres leyes fuera que, según ha anunciado, irán en el programa electoral del PSOE para las próximas elecciones. La primera de ellas es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que la máxima novedad es el traspaso de las competencias de instrucción de los jueces a los fiscales con lo que se pretende evitar la situación paradójica que se produce hoy en día "en donde un 70% de los casos penales que se producen son penales, pero sólo un 20% llegan a juicio, con la consiguiente pérdida de dinero en las investigaciones que eso produce".
En segundo lugar, destaca la Ley de Tribunales de Primera Instancia, que según Francisco Caamaño, supone "la pieza clave" para la Justicia. En su opinión, la formación de estas instancias no como jueces individuales, sino como auténticos Tribunales, solucionaría los problemas actuales que provocan que "en aquellos sitios donde se necesita un juez, haya que crear un juzgado, algo insostenible presupuestariamente". Y, por último, se ha quedado fuera la Ley de Mediación, una ley cuyo proyecto está ya en el Parlamento y que "es la que más pena me da porque iba a salir con un amplio consenso".
La modernización, principal logro
Sin embargo, Francisco Caamaño no ha querido empañar su labor al frente del Gobierno y ha destacado los logros de su gestión con la aprobación de 23 leyes fundamentales – como el Reglamento de acceso a la abogacía, la Ley de Jurisdicción social, la reforma de la Ley Concursal, la ley de Registro Civil o la Ley de Arbitraje – que, además, han sido aprobadas por un amplio consenso parlamentario.
Sin embargo, según el Ministro, el principal logro ha sido el paso en lo que a modernización de la Justicia se refiere, y del que ha aportado datos: actualmente, más de 1.200.000 notificaciones al mes se hace por Lexnet; se han digitalizado 120 millones de libros de registros e, incluso, ha anunciado que para finales de año todos los exhortos de España podrán realizarse vía telemática, "algo que ha sido posible porque la inversión en Justicia se ha duplicado, tanto desde el Estado como desde las Comunidades Autónomas con competencia para la materia". De hecho, según ha anunciado Francisco Caamaño, las últimas estadísticas de la Unión Europea sobre el gasto de justicia por habitante, sitúan a España por encima de países como Francia o Alemania por lo que "va siendo hora de decir que el problema de la justicia no es por falta de medios, sino que hay un problema de explicación a los ciudadanos".
La independencia de los jueces
Y en este problema de explicación y de percepción de la Justicia por parte de los ciudadanos ha destacado el problema de la independencia de los jueces y el protagonismo del Consejo General del Poder Judicial. Así, en su opinión, "la democracia española aún no ha acertado con el modelo de CGPJ", porque, no hay que olvidar que el que tiene que ser independiente es el juez, no el órgano de los jueces, un órgano que, de hecho, "sólo existe en Italia y España".
Además, sobre el reciente Real Decreto publicado por el que se permite que los jueces, tras participar en política, puedan volver a ejercer su cargo ha señalado que de otra forma, "se le privaba de una parte de la ciudadanía a los jueces, al perder su antigüedad y su escalafón por ejercer la política". Y sobre la merma de independencia que esto pueda suponer, ha señalado el Ministro que el Decreto prevé algunos controles, como que no puedan volver a ejercer en el mismo lugar, o no puedan asumir asuntos relacionados, aunque sea indirectamente, con la organización política por la que se presentan.
Por último, Francisco Caamaño ha señalado algunas medidas que serán necesarias en el futuro para una mejora de la Justicia, entre las que destaca un cambio en el acceso a las profesionales de juez y fiscales, "con una oposición menos memorística y en el que sea necesario otras habilidades técnicas". También ha destacado los cambios que deberán llevarse en cuanto a los registradores y notarios, cuyo "principal reto se llama firma electrónica". Y por último, ha analizado la reciente propuesta lanzada por el Partido Popular sobre la implantación en España de la cadena perpetua revisable, que, en palabras de Francisco Caamaño, "tendrán que explicar porque España es uno de los países con un sistema penitenciario más duro y penas más altas para delitos como el terrorismo".
