No sólo el CGPJ apoya dinamizar el modelo judicial

Desde hace semanas llevamos informando acerca de las múltiples iniciativas, reuniones y propuestas que se están poniendo en marcha en el renovado órgano de gobierno de los jueces de cara a hacerlo más dinámico y responder a las numerosas incidencias que, de facto, se presentan en el día a día de las sedes judiciales. El foro de jueces y magistrados que se llevó a cabo en Gijón durante el fin de semana por parte de la asociación Francisco de Vitoria, a cuyo portavoz nacional dimos voz en Legal Today tras hacerse públicos los nuevos nombres que compondrían el pleno del Consejo General del Poder Judicial, trasluce un aspecto complementario de lo que institucionalmente se está llevando a cabo.

En este sentido, se abogó por modificar el sistema de elección de los Vocales del CGPJ para evitar las adherencias políticas que desde 1985, año en que se puso en marcha la Ley Orgánica del poder judicial, generan tanta controversia; también debido al sesgo ideológico que tiene cada asociación. Dicho traspaso de poder entre fuerzas políticas y asociaciones de jueces podrían sanarse, bajo el punto de vista de este grupo, con el fomento de la unidad asociativa. En ese sentido, la asociación Francisco de Vitoria ha decidido, institucionalmente, reforzar y responder al sentimiento generalizado tras el movimiento del 8 de octubre, día en que, vía correo electrónico, la judicatura española se puso de acuerdo para apoyar la jornada de protesta de los secretarios judiciales, que derivó en una interrupción generalizada de los servicios el 22 del mes pasado. Así, los jueces han alertado durante el fin de semana sobre la necesidad de la menor fragmentación de la Carrera Judicial, convencidos de que una judicatura cohesionada y no escindida es ejemplo a seguir, al tiempo que se favorecería la independencia efectiva.

Acerca del derecho a la huelga, cuestión que se planteó en los días de protesta y sobre lo que no hay acuerdo en el estamento, la Asociación Francisco de Vitoria lo reconoce expresamente, en los términos recogidos por el artículo 28 de la Constitución.

Como reivindicaciones concretas de este grupo, tercero en número de asociados, pueden especificarse:

• organización de la oficina judicial y delimitación precisa de funciones y responsabilidades,
• revisión en profundidad de la actual carga de trabajo judicial, y de la planta judicial,
• formación adecuada del personal, inmediata cobertura de vacantes, sistema eficaz de sustituciones judiciales,
• plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías, intercomunicación de datos judiciales,
• medidas de protección social del juez: supresión del ascenso con traslado forzoso, plena equiparación en derechos y beneficios sociales entre los Jueces y los integrantes de la función pública, efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar, especial atención a los derechos sociales tras la jubilación, plan de prevención de riesgos laborales de Jueces y Magistrados, equiparación de los Jueces y Magistrados en materia de accidentes laborales y enfermedades profesionales.