Parece que la Justicia está llamada a ser un perenne lugar de polémica. Ello no es, de ningún modo, injustificado; porque a la vista de todos está el que los medios humanos y materiales son escasos comparado a la realidad cotidiana con la que lidian Jueces, Magistrados, Secretarios y personal en general. La semana pasada decíamos en Legal Today que la Asociación judicial que había llevado la voz cantante hasta ahora en las protestas, la Francisco de Vitoria, había desconvocado la huelga prevista para el día 26 de este mes. Por ello, se daba el asunto por zanjado. Sin embargo, no ha sido así. La Asociación Profesional de la Magistratura ha convocado huelga de Jueces y Magistrados para el próximo día 8 de octubre.
La semana pasada dábamos cuenta de que la idea de huelga se había desterrado del panorama judicial. Sin embargo, tras la reunión celebrada por la Comisión Permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura, el viernes 12, se ha tomado la decisión de convocar a los Jueces y Magistrados españoles a una jornada de huelga el día 8 del próximo mes de octubre.
Ello es reflejo, según se afirma desde la Asociación Profesional de la Magistratura, de lo mayoritariamente querido por el conjunto de los asociados, que han expresado su voluntad en el seno de la Comisión Permanente por intermedio de los Presidentes de las respectivas secciones territoriales.
La valoración se hizo desde los resultados que hasta el momento ha ido dando el proceso negociador seguido con el Ministerio. Los jueces de esta asociación han coincidido en calificar lo conseguido como "manifiestamente insuficiente".
Desde la APM reconocen que se han logrado varios objetivos, pero no en las cuestiones de mayor importancia. Además, el tratamiento que se está dando a los señalamientos y el atribuir a los Secretarios Judiciales competencias que forman parte de lo más propio de la función jurisdiccional incomoda a Jueces y Magistrados.
La Asociación Profesional de la Magistratura ya no ve la huelga como una posibilidad, y ha puesto fecha fija. Se desconvocará si antes del día 20 de septiembre se constata un significativo avance en relación con las reclamaciones hechas al Ministerio de Justicia y se comprueba la existencia, a la vista de lo que en los Presupuestos Generales del Estado se haga constar al respecto, de un serio y razonable compromiso inversor y de gasto en materia de Justicia.
