El pasado Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, un amplio conjunto de medidas dentro de la Estrategia de Activación para el Empleo. Ésta, diseñada en coordinación con las Comunidades Autónomas, tiene como fin acelerar la empleabilidad. Destaca la reforma del sistema de formación profesional, donde se incluye la elaboración de una planificación plurianual alineada con las necesidades de las empresa con un nuevo papel para los distintos agentes y órganos implicados en el sistema y el aumento del control del Estado en los programas formativos y la llevada a cabo de los mismos.
En este contexto, se establecerá la libre concurrencia entre entidades de formación. Con el nuevo modelo que se instaurará, la totalidad de las subvenciones públicas otorgadas para la formación profesional estará sometida a la libre concurrencia competitiva. Además, se desarrollará un sistema integrado de información que permita seguir la pista de las acciones formativas, actualizable en todo momento.
Así, habrá una evaluación permanente de la calidad y el impacto real de la formación en términos de mejora en el desempeño en el puesto de trabajo o de inserción y mantenimiento del empleo a través de, entre otras medidas, la exigencia de la realización de auditorías de control. Se impulsará el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
¿Quiere saber qué es el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional?
Apoyo al trabajador en formación
Se implantará la cuenta-formación, que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional. Además, se abrirá la posibilidad de implantar un cheque-formación para desempleados a fin de brindar la formación completa que necesitan para mejorar su empleabilidad.
Junto con el cheque-formación, la tele-formación permitirá, entre otras cuestiones, superar las limitaciones de un calendario formativo condicionado por la tramitación administrativa.
Lucha contra el fraude
Se establecerá el principio de tolerancia cero con el fraude. En este sentido se creará dentro del organigrama de la Inspección de Trabajo una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad sancionadora por irregularidades relacionadas con la formación.
Además, se inaugurará un buzón de denuncias de malas prácticas e incumplimientos en el ámbito de la formación para el empleo.
