- Los tres grupos parlamentarios presentan enmiendas para forzar una respuesta legislativa en tres meses desde que se apruebe la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia
- El presidente del Consejo de la Abogacía se reunirá este próximo jueves con el secretario de Estado de Seguridad Social para trasladarle la urgencia de la cuestión y la necesidad de que la respuesta parta del mandato constitucional
Los grupos parlamentarios que forman el Gobierno y Podemos han registrado sendas enmiendas para obligar, bien al propio Congreso bien al Gobierno, a aprobar una legislación que aporte solución al problema de los mutualistas con pensiones bajas en un plazo de tres meses, desde que se apruebe el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
La registrada por el Grupo Socialista reclama “las medidas legislativas necesarias para reforzar la protección social de las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos”. Las enmiendas registradas por SUMAR y Podemos instan de forma más específica al Gobierno la aprobación de “un Real Decreto Ley para integrar con carácter voluntario en el sistema público de la Seguridad Social a los profesionales de la abogacía y la procura que están adscritos o lo hubiesen estado en las mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos”.
El presidente del Consejo General, Salvador González, se reunirá este próximo jueves, 1 de agosto, con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, a quien reclamará tanto la urgencia de abordar esta cuestión como de hacerlo partiendo de los principios constitucionales establecidos en los artículos 41 y 50 de la Carta Magna, tal y como se puso de manifiesto en el encuentro celebrado la semana pasada en la sede del Consejo.
