El próximo 18 de diciembre se celebran elecciones a Junta de Gobierno en el Colegio de Abogados de Madrid tras cinco años de mandato de Antonio Hernández-Gil. Las elecciones de Decano, Tesorero, Bibliotecario, Secretario y diez Diputados al Colegio de Abogados más influyente por número de colegiados y por perfiles, cuyo cierre de candidaturas es hoy, se están preparando en un competitivo ambiente en el que los que serán candidatos oficiales están tratando de encontrar el modo de mostrar la profunda identificación con el malestar de los colegiados, único factor que puede llevar al triunfo electoral.
El Colegio de Abogados de Madrid, que gestiona los intereses de más de 64.000 letrados ejercientes y no ejercientes, hace gravitar sobre él -por su significativa capacidad de influencia y opinión en el resto del territorio y a nivel internacional- el peso efectivo de una profesión que está sufriendo las convulsiones de la crisis, la globalización, y la Justicia Gratuita; viviendo horas bajas a causa de las fricciones con el Gobierno regional.
Lo que hace falta en el Colegio renovar sus bases organizativas a través de un equipo capaz de devolver a la abogacía el prestigio que nunca debió perder. El atropello en los tribunales y las vulneraciones del derecho de defensa son situaciones que pueden frenarse, y el Colegio madrileño tiene las fuerzas para ser capaz de ofrecer respaldo a los abogados. Lamentablemente los abogados han dejado de ver al Colegio como una referencia, a través de un deterioro paulatino fruto sin duda en parte del desgaste que sufre el ICAM al gestionar un enorme número de miembros con perfiles, intereses y nivel de implicación en el Colegio completamente dispares.
Del mismo modo, se debe luchar por recuperar el respeto a la profesión, volviendo a situar a la abogacía en una posición central dentro del debate público y de liderazgo en los temas que afectan a toda la sociedad.
Por otra parte, el Colegio tiene que ser capaz de generar oportunidades para sus miembros, apoyándoles en el inicio de sus carreras y poniendo en contacto a los jóvenes recién licenciados con abogados experimentados capaces de guiarles y acompañarles.
La formación continua e inicial de los abogados es otro tendón de Aquiles del ICAM, cuya gestión provoca desencuentros frecuentes. También la supresión del servicio médico.
El Colegio debe dejar de significar un pago de cuotas y convertirse en un espacio capaz de generar valor añadido para los abogados, abrirse a la sociedad y a sus propios miembros, de manera que éstos vuelvan a sentirlo como propio.
Candidaturas que se han presentado o previsiblemente se presentarán
El Colegio madrileño tiene o espera las siguientes candidaturas:
- Javier Cremades
- Josefa García Lorente
- Sonia Gumpert
- Antonio Hernández-Gil
- Ignacio Peláez
- Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma
- Miguel Urrutia
Juan José Brenes no se presentará, a pesar de haberlo anunciado. Es posible que se una a otra candidatura. Únicamente Sonia Gumpert, socia en Monereo Meyer Marinel-lo ha sido explícita desde un primer momento en su intención de presentarse a las elecciones. Gumpert está respaldada por los abogados en la Plataforma en Defensa de la Abogacía. Una encuesta recientemente publicada en La Razón le da la victoria con 10 puntos de ventaja.
Su programa gravitará, según parece, sobre el mantenimiento del servicio médico privado del que gozan todos los colegiados en la actualidad. Además, buscará de dinamizar un Colegio al que el círculo que apoya a la socia de Monereo Meyer Marinel-lo ve excesivamente estático frente a todos los desafíos que está viviendo la abogacía. Ya ha presentado su candidatura, junto a ALTODO, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno.
Un fuerte contendiente será, sin duda, Javier Cremades, socio director de Cremades & Calvo Sotelo. Persona sin duda muy de la profesión y dinámico, en las anteriores elecciones el, se quedó a 340 votos de ser alzarse con el Decanato del Colegio.
En la cabeza de Javier Cremades está la situación de bloqueo que está viviendo el Turno de Oficio, con un servicio desatendido en el que ni los abogados cobran ni los ciudadanos están recibiendo un servicio y los retos de un Colegio de las dimensiones del de Madrid, que exigen capacidad de reacción; pero también la herida que ha dejado en la Abogacía y la sociedad la dejación de funciones que protagonizó el ICAM no defendiendo el derecho de defensa que vulneró Baltasar Garzón en el caso Gürtel con su sistema de escuchas entre abogado defensor y cliente.
