En el mes de septiembre de 2008 el Tribunal Supremo consideró probada la existencia de relaciones de colaboración de distinta naturaleza entre el Partido político ANV Eusko Aertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasc (EAE/ANV) y la organización terrorista ETA y el partido ilegalizado Batasuna.
En virtud de ello, declaró la disolución de ANV en base a la Ley de Partidos Políticos, ordenó su cancelación en el registro de partidos, el cese de sus actividades y su liquidación patrimonial.
En la presente resolución el Tribunal Constitucional deniega el amparo solicitado por ANV al considerar que en las causas de ilegalización aplicadas mediante la Ley Orgánica de partidos políticos, no se ha verificado infracción de derechos fundamentales sustantivos, ni de las libertades ideológica y de expresión.
