Un ciudadano de Siero denunció licencia otorgada a una construcción. Un Tribunal declaró la ilegalidad de la obras, de la licencia otorgada y decretó su demolición.
El Ayuntamiento instó a la inejecución parcial de la Sentencia y la suspensión de la demolición de las obras declaradas ilegales hasta que se aprobase una revisión del PGOU, en tramitación, que pudiera dar lugar a la legalización de lo ilegalmente construido.
En la presente resolución el tribunal Constitucional considera que ésta forma de impedir la ejecución de sentencias firmes "supone una vulneración del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos", añadiendo el alto Tribunal que "no puede admitirse que suponga un supuesto de imposibilidad legal o material la mera expectativa de un futuro cambio normativo".
