Un Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre la Corrupción, que será firmado próximamente; así como una Declaración concreta para el caso de que este Protocolo sea extendido por el Reino Unido a Gibraltar, hará más extensa y eficaz la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias. Cubrirá tanto el sector público como el privado, y el arbitraje.
Por el Convenio Penal sobre la Corrupción, España se obligó a adoptar las medidas legislativas que fuesen necesarias para tipificar como delitos, las promesas, el ofrecimiento o la concesión de favores o beneficios personales, por parte de funcionarios, parlamentarios y sector privado; en premio a acciones u omisiones dentro del ejercicio de su trabajo o servicio público al margen de lo previsto por las leyes.
Ya el arco de colaboración penal en la UE es amplio. Hoy por hoy, cubre los siguientes campos:
- Red de cooperación judicial Eurojust, que se ocupa de fraude, corrupción, blanqueo de dinero y la colaboración con organizaciones delictivas.
- Europol.
- La Orden de Detención Europea
- La Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención del uso del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales.
- La ejecución automática de sanciones pecuniarias
El Convenio busca armonizar las legislaciones, promover la adopción de medidas más amplias e impulsar la ayuda mutua en la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes. Contiene medidas procesales relativas a la jurisdicción, sanciones, responsabilidad de personas jurídicas, establecimiento de autoridades especiales, cooperación entre autoridades nacionales y protección de testigos. Introduce, asimismo, coordenadas para salvaguardar su operatividad con la de otros acuerdos o tratados previos.
El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) es responsable de controlar la aplicación del Convenio, quien decidió redactar un Protocolo Adicional incluyendo la criminalización de las prácticas corruptas en el arbitraje. Posteriormente, se extenderá a los jurados.
