El sector del automóvil se está viendo sacudido por fuertes tensiones laborales y consiguientes Expedientes de Regulación de Empleo. Caso paradigmático es el de Nissan. Ayer, unos 3.000 trabajadores, según fuentes de la policía, se manifestaron por el centro de Barcelona para pedir de nuevo que la administración desapruebe el ERE presentado por la compañía.
Representantes del Gobierno y la Generalitat de Catalunya se habían reunido previamente para hablar del futuro del sector automovilístico en Cataluña. A la reunión asistieron los ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo e Inmigración, Miguel Sebastián y Celestino Corbacho, y los consejeros catalanes de Innovación, Universidades y Empresa.
Esta sesión de trabajo respondía a la voluntad, acordada a principios de mes entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, de trabajar conjuntamente en la elaboración del Plan Integral del Sector del Automóvil, que impulsa el Gobierno central y que afecta a uno de los sectores industriales fundamentales de la economía catalana.
Con estas finalidades, han acordado que el Gobierno de Cataluña participará en un grupo de trabajo formado por el Gobierno central y nueve comunidades autónomas, que tendrá como objetivo analizar las infraestructuras necesarias para la puesta en marcha del proyecto del coche eléctrico en el Estado. Se trata de las nueve comunidades con industrias del sector del automóvil. En la Unión Europea se está planteando un plan de ayuda similar al efectuado a la banca, aunque se ve difícil su puesta en práctica dadas las diferencias entre sectores. Gigantes como Fiat, Peugeot, Renault, y Volkswagen están haciendo consultas al respecto, tras conocer que en Estados Unidos se está proponiendo un programa de préstamos con condiciones ventajosas.
Previamente, Gobierno y Nissan dieron nuevas esperanzas a la plantilla de la fábrica de Barcelona, amenazada por 1.680 despidos, sobre la producción del coche eléctrico. Los máximos directivos del grupo en Europa trasladaron al ministro de Industria, Miguel Sebastián, sus exigencias para asignar el nuevo modelo a la planta catalana: ayudas públicas, incentivos para el desarrollo de coches eléctricos y el apoyo de socios locales.
Pese a todo, están próximos estos despidos, que representan el 40% de la plantilla en Cataluña, un recorte que forma parte de su plan de transición de tres años.
El ERE se solicita a la autoridad laboral pertinente en cada caso (autonómica o nacional), bien para suspender; o para extinguir la relación laboral entre empleador y empleado, garantizando una serie de derechos a los trabajadores. La legislación lo define como un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial dirigido a obtener de la Autoridad Laboral competente autorización para suspender o extinguir las relaciones laborales cuando concurran determinadas causas y garantizando los derechos de los trabajadores. La legislación que lo regula es el Estatuto de los Trabajadores, y los cambios llevados a cabo por Ley 38/07, de 16 de noviembre, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de Regulación de empleo y de Actuación administrativa en materia de traslados colectivos, la Ley 35/2002 de 12 de julio, de Medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Suele ser solicitado por la empresa, pero puede hacerlo también el trabajador. Se concederá si:
>concurren causas técnicas, económicas, u organizativas,
>fuerza mayor,
>extinción de la personalidad jurídica del empleador.
Ello se determinará por la memoria de causas que lo justifican, que deberá acompañar la solicitud, la documentación económica de la empresa, un plan de viabilidad si la empresa es grande.
En los casos que con motivo de un expediente de regulación de empleo se extinguiera la relación laboral, la indemnización será en los casos de acuerdo entre las partes la fijada en los mismos y como mínimo en todos los casos veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades. Cuando se trate de empresas de menos de veinticinco trabajadores, el cuarenta por ciento de la indemnización mínima la abonará el Fondo de Garantía Salarial. En los supuestos de fuerza mayor, la Autoridad Laboral podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de los contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario.
